El Ministerio de Fomento mantiene bloqueados diez millones de euros que permitirían bonificar aún más los peajes aragoneses de la AP-2 al tráfico pesado. Aunque la ejecución de las inversiones previstas en los presupuestos del Estado en la Comunidad es casi nula, el caso de la rebaja en la Autopista del Mediterráneo entre Pina de Ebro y Fraga es el más "sangrante" dada su fácil implementación y aplicación. De ahí que los transportistas aragoneses se muestren "indignados" y exijan al Gobierno de Aragón que requiera al Estado su inmediata puesta en marcha.

Tanto el secretario general de la Federación de Transporte de Mercancías de Zaragoza (Fetraz), Fernando Viñas, como el presidente de la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (Tradime), Santiago López Montenegro, recuerdan que este retraso obliga a miles de camioneros a seguir circulando por la N-II, una carretera "saturada y que da muchos problemas". El tramo que conecta Pina de Ebro (Zaragoza) y Fraga (Huesca) es el único que permanece sin desdoblar de la N-II, la arteria que une Madrid y Barcelona y uno de los principales puntos negros de las carreteras españolas (se cobró la vida de 116 personas en una sola década).

El "disgusto" es aún mayor cuando se tiene en cuenta que en la misma AP-2, en el tramo que discurre entre Les Borges Blanques (Lérida) y Montblanc (Tarragona), se obliga a los camiones a circular por la autopista con una bonificación del peaje del 50% que financia de forma íntegra el Ministerio de Fomento. Y la medida entró en vigor en septiembre, lo que implica que, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez ningunea a Aragón, otras comunidades autónomas sí logran mejoras en sus autopistas, hasta sin tener un presupuesto consignado. Así que el castigo para los transportistas aragoneses en la AP-2 es doble: Fomento no mejora la bonificación en la Comunidad y les obliga a pagar el 50% del peaje en Cataluña.

Para Viñas, no es justo que se obligue a los camioneros a circular por las autopistas. Y así lo aceptó el Gobierno de Aragón, que permitió que fuera voluntario cuando aplicó la rebaja del 75% en el peaje (el 50% lo asume la DGA y el 25%, Fomento). Solo cuando la bonificación se acerque al 100% forzará al tráfico privado a utilizar la AP-2, y esa decisión se podría adoptar de inmediato si el Gobierno central aumentara su aportación utilizando los 10 millones de euros que ahora tiene bloqueados.

López Montenegro considera que es de justicia que lo haga. "Parece que en el tramo aragonés de la AP-2 somos ciudadanos de segunda; a Cataluña Fomento le da el 50% y a Aragón solo el 25%", denuncia.

El aumento de las bonificaciones en la AP-2 ayudaría a reducir de forma notable la siniestralidad vial en la N-II, por la que circulan al día entre 6.000 y 7.000 camiones. Pero poco o nada se ha avanzado en tres meses, y solo restan dos para que finalice el año. Y eso que su aplicación pasaría por una reunión entre la Consejería de Vertebración del Territorio y el Ministerio de Fomento para llegar a un acuerdo con la concesionaria. El consejero del ramo, José Luis Soro, "remitió una carta oficial" al ministro socialista José Luis Ábalos cuando tomó posesión en junio para solicitar una reunión y lo ha reiterado "de manera más informal", según explican desde su Departamento, pero aún no le han convocado.

El que sí se reunió con Ábalos fue el presidente de Aragón, Javier Lambán, aunque el encuentro se ciñó casi exclusivamente al Corredor Cantábrico-Mediterráneo. Tal es así que, al finalizar aquella reunión, responsables del ministerio desconocían que existieran 10 millones para rebajar los peajes de la AP-2 en Aragón. Tampoco se analizó su aplicación en el encuentro que mantuvieron en la Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y

Javier Lambán. Hasta podría darse el caso de que esos diez millones, y varias decenas de millones más destinadas a infraestructuras de Aragón, acabaran en otras comunidades donde el Estado sí se esfuerza en cumplir sus compromisos presupuestarios.

El PAR pide una bonificación "inmediata"

La senadora Rosa Santos (PAR) solicitó la semana pasada por escrito una reunión con el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, para analizar el ritmo de las inversiones en Aragón y exigir que se apliquen ya las bonificaciones en la AP-2. La aragonesista resalta que la rebaja en la autopista es una medida "inmediata" y "de fácil aplicación".

El PAR ha registrado una moción en el Senado para que la Cámara Alta inste al Congreso a la inmediata y urgente aplicación de la partida de diez millones de euros para desviar el tráfico pesado de la N-II entre Pina de Ebro y Fraga.

Comparte su demanda el alcalde de Bujaraloz, Carmelo Rozas (PAR), que asegura estar "harto" de que estos compromisos se incumplan de forma reiterada. Ahora bien, insiste en que la experiencia ha demostrado que las bonificaciones sobre los peajes "no son la solución" a la alta densidad

de tráfico de la N-II. En su opinión, "si descartan el desdoblamiento, hay que apostar por la total liberalización de la autopista y en Bujaraloz, por la urgente creación de una variante, ya que es el único pueblo cuyo casco urbano es atravesado por la N-II, lo que pone en riesgo a los vecinos".

El alcalde de Fraga, Miguel Luis Lapeña, del PSOE, insiste en la misma idea. En su opinión, "las bonificaciones son importantes, pero lo interesante es que cumplan con el compromiso de liberalizar la AP-2 a partir de 2021, una vez finalice la actual concesión". "No hay que renovarla. Hay que convertir la autopista en un trayecto rápido para mercancías y mantener las inversiones en la N-II", señala.