La DGA expedienta al menos a 80 municipios por problemas de cobro con el ICA

El Gobierno de Aragón ha expedientado a al menos 80 municipios por problemas con el cobro del polémico Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA). El dato, confirmado por el jefe de la Unidad del ICA, Cecilio Vallés, en la comisión especial de las Cortes que estudia la aplicación de este impuesto, evidencia que, aunque el de Zaragoza es el caso más paradigmático, también existen problemas en otros puntos del territorio. La mayoría obedecen a impagos o errores de lectura que impiden o dificultan el cobro.

En Murillo de Gállego, el Ayuntamiento recibió una notificación por incidencias registradas en 2014 y 2015. El Consistorio, explica su alcaldesa, Marta de Santos, abrió el periodo voluntario para reclamar el ICA a sus vecinos, pero "nadie pagó" y la corporación no pudo abonar las cantidades adeudadas al Instituto Aragonés del Agua (IAA). En 2016 también hubo dificultades. Esta vez, según apunta la regidora, "por el cambio del programa informático". Esta situación ha hecho que aún hoy no se hayan girado los recibos de 2016 y 2017. De Santos aclara que, aunque el cobro sigue atascado, la DGA tiene ya "todos los datos necesarios".

Fabara también ha recibido cartas del Instituto Aragonés del Agua. El Ayuntamiento adeuda 237.955,44 euros por el ICA de 2014 y 2015, cantidad que el Gobierno de Aragón reclama ahora por la vía de apremio. Su regidor, Francisco Javier Domenech, insiste en no pagar y ya ha recurrido la deuda ante la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de Aragón, que también tendrá que pronunciarse sobre los recibos girados en Zaragoza y los recursos presentados por el gobierno de Zaragoza en Común (ZEC).

"Fabara tiene su propia depuradora, no tienen ningún derecho a cobrarnos", recalca. El ‘debe’ representa aproximadamente una cuarta parte del presupuesto municipal. "Tratan de arruinarnos. Si no pagamos, amenazan con descontárnoslo de oficio", dice.

Pese a que el municipio, como explica Domenech, se arriesga "a perder toda subvención", el alcalde insiste en que llegará "hasta donde haga falta". "Si quieren hacernos daño iremos a los tribunales", añade. Lejos de remitir, el problema podría agravarse en los próximos años, ya que el Consistorio seguirá sin facilitar las lecturas de sus vecinos y no tiene intención de cambiar.

Aunque este periódico se ha puesto en contacto en reiteradas ocasiones con la Consejería de Desarrollo Rural, el Ejecutivo no ha querido aclarar el estado actual de estos expedientes. Los problemas, en todo caso, han generado un importante ‘roto’ a las arcas autonómicas. Solo Zaragoza y Fabara, los dos ejemplos más llamativos, deben al Gobierno de Aragón más de 2,5 millones de euros, cantidad que podría dispararse en función del número de impagos del recibo de 2017 en la capital.

Contra él, de acuerdo con la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), ya se han presentado más de 5.000 reclamaciones. Comenzó a girarse el día 5 de este mes y podrá pagarse de forma voluntaria hasta el 5 de diciembre. Quienes no lo hagan se expondrán a la vía de apremio y a los recargos establecidos por ley, que pueden alcanzar hasta el 20%.

Las consecuencias

Otros municipios, como Bielsa, se han replanteado su negativa. La localidad arrastró una deuda de en torno a 240.000 euros. "Lo que hicimos fue pagar. El Gobierno iba ‘compensándola’ poco a poco con el dinero que nos pertenecía por ley, pero al final decidimos gestionar el pago y fraccionarlo en varios años", apunta su alcalde, Miguel Ángel Noguero. La intención, expone, es ir reduciendo esta cuantía año tras año sin menoscabar en exceso las arcas municipales. "El problema de tener deudas con el Gobierno de Aragón es que no te adjudica ninguna subvención", razona.

Los alcaldes consultados coinciden en que el actual sistema de cobro resulta "complejo" para los ayuntamientos debido al elevado número de altas, bajas y cambios de titular que se producen cada año y piden que se revise de cara a la reforma de este impuesto. Sobre todo teniendo en cuenta que el problema "se acentúa" en los municipios de mayor tamaño.

Hasta agosto, último mes del que se tienen datos oficiales, el Gobierno de Aragón supera los 34 millones de euros en derechos reconocidos por este impuesto.