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Aragón

Más de 8.700 personas están pendientes de que se les valore su grado de discapacidad

Cada año se gestionan en Aragón unos 6.500 expedientes, cuyo plazo de tramitación es de cuatro meses y medio. La DGA reconoce que «sería deseable» reducir esta espera.

Paseo dedicado a las Personas Cuidadoras en Huesca
Paseo dedicado a las Personas Cuidadoras en Huesca
Rafael Gobantes

Más de 8.700 personas residentes en Aragón esperan ser valoradas en su grado de discapacidad y así poder acceder a ayudas y prestaciones. En concreto, a principios de septiembre de este año había 8.774 ciudadanos pendientes de que se les valorara, según se refleja en una respuesta parlamentaria de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto, a la diputada de Izquierda Unida Patricia Luquín, que le interpeló por este tema. De este número, 7.592 correspondían a la provincia de Zaragoza, 1.121 a la de Huesca y 61, a la de Teruel.

Cada año se llevan a cabo en la Comunidad unas 6.500 valoraciones. El plazo medio de tramitación de estos expedientes desde que alguien lo solicita hasta que se lleva a cabo el pertinente reconocimiento y evaluación de la petición y se emite el certificado con el grado de discapacidad ha aumentado en los últimos años. Así, en 2016 la demora fue de cuatro meses y el año pasado se elevó a cuatro meses y medio.

El retraso se acumula en las primeras fases del proceso, ya que, según especifica la consejera en su contestación, las personas que ya han sido valoradas obtienen la documentación relacionada con el nivel de discapacidad en un intervalo de 15 días.

La propia consejera de Derechos Sociales reconoce que sería "deseable" reducir este tiempo de espera en la generalidad de los expedientes. No obstante, también puntualiza que aquellas demandas que tienen un "carácter prioritario" son resueltas en un plazo no superior a un mes.

Los equipos de valoración de la discapacidad que se encuentran en los centros de atención a la discapacidad realizan un triaje técnico con las solicitudes presentadas semanalmente. De esta forma, se pueden resolver de manera prioritaria aquellas en las que se compruebe con la aportación de informes técnicos que hay un riesgo social, de atención temprana o discapacidad o riesgo sanitario. Se trata, por ejemplo, de personas que padecen secuelas de un cáncer o que pueden tener un grado de discapacidad grave.

Desde la asociación Plena Inclusión Aragón (antes Feaps), que agrupa a las familias de más de 4.500 personas con discapacidad intelectual, ven con muy buenos ojos que se reduzca este plazo de cuatro meses y medio para obtener una valoración. "Ello va a significar que se van a poder beneficiar de las ayudas estipuladas antes", apuntaron.

Asimismo, apuntaron que la evaluación de discapacidad puede resultar especialmente "apremiante" en los casos de menores, cuyas familias están pendientes de que los niños reciban con urgencia servicios de atención temprana o de otro tipo que son fundamentales para el desarrollo de los pequeños. En cualquier caso, desde Plena Inclusión señalaron que las quejas que les transmiten sus asociados se refieren más a la rebaja del grado de discapacidad en las revisiones que al propio plazo de las valoraciones.

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