El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha insistido en que el Impuesto de Contaminación de Aguas (ICA) es "injusto y confiscatorio", además de que "ha soliviantado a los vecinos" y ha instalado al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, a llegar a un acuerdo.

"A partir de ahora, todo lo que sea rectificar y volver a hablar entre ambas Administraciones para ponernos de acuerdo y llegar a una solución, bienvenido sea".

En declaraciones a los medios de comunicación, Santisteve ha estimado que "igual no es necesario llegar a la ONU y se implanta la cultura del acuerdo", en referencia a las declaraciones del consejero de Presidencia, Vicente Guillén, quien ha dicho que el alcalde sería capaz de "llegar a la ONU con tal de llegar a las elecciones municipales con este conflicto sin cerrar".

"Me alegra que Guillén alabe como el Ayuntamiento defiende a los vecinos y si hay que llegar ONU, igual no es necesario y se implanta la cultura del acuerdo de aquello que se perdió con esa ley aprobada por la gatera y el ICA que implantó Lambán".

El alcalde ha apuntado que en la actualidad el Gobierno de Aragón revisa esa "metedura de pata" lo que a su parecer "está bien" y ha confiado que en esa rectificación se pueda llegar a un acuerdo. "Ojalá podamos encontrarnos y llegar a un acuerdo, pero de momento hay que poner las cosas en su sitio".

Respecto a la celebración de la Comisión Bilateral entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, Santisteve ha considerado que este órgano "está para acuerdos pendientes de poner en conocimiento de la ciudadanía".

Acorde a la UE

Tras dejar claro que no se niega a hablar ha precisado que "no se puede esquilmar a los zaragozanos y hay que ir a planteamientos justos y equitativos".

A su parecer, "imponer por ley un impuesto a la mitad de Aragón que ha hecho su trabajo de quien contamina paga y hemos pagado sobradamente sin subvenciones ni y ayudas está claro el planteamiento".

En este sentido, ha reiterado que "hay que ir a una solución definitiva, acorde con el derecho comunitario y las directivas de agua de la UE con los principios de quien contamina paga, el derecho de restitución y no hipotecar la suficiencia financiera de los ayuntamientos para invertir en el trabajo de depuración".