Al menos 25 comunidades de vecinos impugnarán el ICA tras recibir cargos de más de 900 €
Piden que se devuelvan los recibos cobrados y que el Gobierno de Aragón no grave el agua de riego.
Al menos 25 comunidades de vecinos de Zaragoza impugnarán el cobro del polémico Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA). La Asociación Provincial Empresarial de Propietarios y de Comunidades de Propietarios de Zaragoza (Coprofi) denuncia cargos "abusivos" de más de 900 euros por los consumos de agua destinados al riego de plantas y jardines.
Su secretario general, Andrés Martínez, tacha de "injusta e inexplicable" la normativa actual, ya que hace que los agricultores queden exentos y grava suministros que "van al subsuelo y no a la red de alcantarillado".
Una de las primeras en reclamar ha sido una urbanización situada en Vía Ibérica. En los últimos meses, se explica en un escrito registrado en el Departamento de Desarrollo y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, han recibido dos recibos de 966 y 447 euros, respectivamente. Martínez cree que estas cantidades son "un abuso" y "un atropello". Sobre todo teniendo en cuenta que "el Ayuntamiento de Zaragoza nunca cobra el vertido o el saneamiento en aquellas pólizas de suministro en las que el agua va destinada al riego".
A su entender, resulta "contradictorio" que el artículo 81 de la Ley de Aguas y Ríos diga que el hecho imponible es la producción de aguas residuales que se manifiesta a través del consumo de agua, real o estimado, y que se cobren cantidades "elevadísimas" por agua que "no contamina" y termina "en el subsuelo". "Máximo cuando se trata de agua limpia y tratada suministrada por el Ayuntamiento", dice. Su intención es ampliar la impugnación a todas las comunidades de vecinos que administra. Martínez considera que "el error está en la ley" y pide que la futura revisión del impuesto amplíe las exenciones. En concreto, urge a que "se corrija el artículo 81 de la Ley 10/2014 de 27 de noviembre para que se excluya expresamente de este impuesto el uso para riegos". También insta al Instituto Aragonés del Agua (IAA) a devolver a las comunidades de vecinos las cantidades ya abonadas.
Respuesta al Ayuntamiento
La Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de Aragón ha desestimado la queja interpuesta por el Ayuntamiento de Zaragoza contra el requerimiento de los ficheros. A su entender, el Consistorio "está obligado a proporcionarlos no como colaboración institucional sino como obligado tributario como el resto de entidades suministradoras". Considera, asimismo, que "ninguna de las excusas opuestas al envío de la información requerida le eximían de su cumplimiento ni justificaban el retraso que se produjo".
Por otra parte, fuentes del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad confirman que las reclamaciones económico-administrativas interpuestas por el Ayuntamiento por los recibos de las instalaciones cedidas a terceros "han sido remitidas a la Junta", que tiene un plazo de un año para resolver. Este organismo también tendrá que pronunciarse en los próximos meses sobre las de la Red de Agua Pública de Aragón. Será, además, el que recoja las reclamaciones contra los recibos de 2017 en Zaragoza.
Mientras tanto, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, el concejal de Economía, Fernando Rivarés, y el gerente de Ecociudad, Joaquín García, comparecen este lunes en la Comisión especial de estudio sobre la aplicación del ICA de las Cortes.
