Los afectados aragoneses por la presunta estafa de Idental se manifestarán el sábado en Zaragoza para denunciar el desamparo en el que se hallan y pedir una solución a su situación.

La movilización –que saldrá a las 18.00 de Glorieta Sasera– se suma a otras que se han convocado en más de veinte ciudades españolas para reclamar que las administraciones se impliquen y que se haga justicia.

En el caso de la Comunidad, la Plataforma de Afectados de Idental de Zaragoza Unidos explicó ayer que reivindicarán que la atención bucodental no sea un negocio, sino que esté incluida en la cartera de servicios del Salud. Asimismo, pedirán que se regule la publicidad sanitaria en España.

El anuncio de esta concentración coincide con las primeras reclamaciones judiciales interpuestas por una de las financieras que suscribió créditos con clientes de Idental.

Pepper Finance ha iniciado tres procesos monitorios (requerimientos judiciales de pago) contra otros tantos ciudadanos aragoneses a los que reclama cuantías económicas.

Concretamente, Pepper pide que se le ingresen las cantidades pactadas en los contratos al consumo firmados en su día por los tres ciudadanos aragoneses para acceder a los tratamientos bucodentales de Idental. En todos los casos son cantidades inferiores a 2.000 euros.

Los tres demandados han presentado ya un escrito de oposición al monitorio alegando que han suspendido el pago de las cuotas porque no recibieron de Idental el tratamiento contratado.

Actora Consumo (asociación de consumidores Torre Ramona Aragón), que está asesorando a dos de estos afectados, recordó ayer que los préstamos firmados con las financieras que trabajaban con la clínica odontológica eran créditos vinculados a unos tratamientos específicos.

"Y, por tanto, los consumidores están protegidos por la Ley de Crédito al Consumo –explicó una portavoz de la organización–, que recoge que en un contrato de este tipo, vinculado a la financiación de un servicio o bien concreto, si no se recibe, el consumidor puede ejercer su derecho de desistimiento y dejará de estar obligado por el contrato sin penalización alguna. Asimismo, podrá reclamar ante el proveedor de los servicios contratados y ante el prestamista".

En el tercer procedimiento, Pepper reclama el pago de unas cantidades pactadas en un crédito vinculado que un ciudadano suscribió para que Idental le realizara una serie de tratamientos a su esposa.

En este caso, la propia clínica comprobó que parte de los arreglos contratados y presupuestados no se podían hacer por la configuración bucal de la paciente y de mutuo acuerdo decidieron no llevarlos a efecto.

Compromiso con la DGA

Según explicaron desde la UCA –Unión de Consumidores de Aragón–, que asesora a este demandado, Idental reconoció por escrito que una parte de los tratamientos no se habían dado, pero la financiera insiste en reclamar el pago de la totalidad de lo presupuestado en un principio.

Hay que recordar que el Gobierno de Aragón remitió a mediados de julio un escrito a las cuatro financieras –Evo Finance, Cetelem, Pepper Finance y Sabadell Consumer– con las que habían suscrito créditos los reclamantes aragoneses que presentaron quejas ante la Dirección General de Consumo.

En la carta se les pedía que detallaran las medidas y soluciones que iban a ofrecer a los clientes que hubieran firmado un crédito para hacer frente al pago de los servicios de Idental.

En el caso de Pepper, remitió a Consumo un protocolo en el que aseguraba que los clientes que hubiesen visto interrumpidos los tratamientos de Idental, como consecuencia del cierre de las clínicas, "podrían ver reducida su deuda en el importe de la financiación correspondiente a los servicios no prestados".

En la misiva se detallaban los pasos que debían dar y los documentos a aportar, aunque la financiera explicaba que los valoraría y que giraría las liquidaciones que considerara.

Hasta ahora, las otras tres compañías no han iniciado procedimientos judiciales para reclamar cuotas pendientes, aunque muchos afectados denuncian la presión a la que están siendo sometidos por algunas de ellas para que las abonen y aseguran que los están poniendo en ficheros de morosos.

La directora general de Consumo del Gobierno de Aragón, Rosa María Cihuelo, reiteró recientemente que la Administración hará un seguimiento del cumplimiento de los compromisos adquiridos por las financieras con la DGA.

Reconoció que tres o cuatro afectados se han quejado en Consumo por la actitud de las compañías, bien porque les siguen girando recibos, reclamando el pago de cantidades, o porque los han puesto en ficheros de morosos. Y pidió que acudan a Consumo y presenten una solicitud de mediación para intervenir en su nombre.