El presidente aragonés, Javier Lambán, ha hecho bandera del gasto social y de las políticas activas de empleo, pero acaba de recortar 13,7 millones de euros de gasto directo en cuestiones tan sensibles como las ayudas a la dependencia y para combatir la pobreza energética, las becas de comedor y material escolar o el apoyo a la inserción de parados mayores de 45 años. Todo con el objetivo de cuadrar las cuentas y cumplir el plan económico y financiero para 2018 y 2019 que tuvo que presentar al saltarse el objetivo de déficit y la regla de gasto el año pasado.

El Consejo de Gobierno sacó adelante este tijeretazo la semana pasada por la vía de las retenciones de crédito, que ascienden en total a 24,3 millones. El importe total se conocía desde que el pasado mes de abril se dio orden a los distintos departamentos de recortar el gasto presupuestario, pero no así su alcance real, con la relación detallada de las partidas afectadas.

El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, se había resistido durante meses a facilitar esta información a las Cortes, pero finalmente el Gobierno aragonés ha remitido la relación de las 59 partidas en las que se han hecho retenciones de crédito. Y estas oscilan entre los 1.953 euros que afectan a los juegos escolares y los 3.163.500 euros que debían destinarse a cubrir las prestaciones económicas de la dependencia, uno de los pilares .

El mayor recorte para cuadrar las cuentas de la DGA se centra en el programa de Fomento de Empleo, hasta el punto de concentrar un tercio del importe total. El Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) ya no podrá disponer oficialmente de 6 millones para financiar hasta 11 líneas específicas de formación e inserción laboral para todo tipo de colectivos. En el listado de damnificados figuran el plan para la mejora de la empleabilidad joven (1.203.529 €), la línea de apoyo a la inserción de parados de más de 45 años (791.510 €), el programa de fomento de empleo de autónomos (702.852 €) y la formación en escuelas taller (639.407 €).

El siguiente organismo más afectado por las retenciones es el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), con 5,2 millones. Este es especialmente significativo porque se dejarán de repartir 3,1 millones en prestaciones económicas para la dependencia y tampoco se gastará 1 millón en ayudas para cubrir los gastos de la seguridad social de los cuidadores de dependientes.

La misma suerte correrán otros 850.000 euros para atender la pobreza energética pese a tratarse de una de los problemas sociales que han centrado parte del debate político y motivado la aprobación de una ley específica hace dos años. Precisamente, el mismo día que se aprobaba el recorte, el pasado día 9, la DGA hacía gala de que este año ha asumido 5.298 recibos de la luz por un valor de 396.000 € para que no se corte el suministro en hogares cuyos miembros pasan dificultades económicas.

Estas retenciones en el gasto social chocan con los acuerdos alcanzados con Podemos, que ya criticó la aplicación «tramposa» de las ayudas a los dependientes al exigir que estén dados de alta en la Seguridad Social con un año de antelación a la aprobación de las cuentas. De hecho, criticaron el año pasado que ya no se gastara todo el dinero destinado a este fin al no haber tantos cuidadores que cumplieran esta condición.

La Consejería de Educación también está afectada por el incumplimiento del déficit y retendrá otros 2,5 millones, entre ellos 500.000 euros para becas de material curricular y comedor y otros 1,1 millones para inversiones en edificios y otras construcciones.

Una partida similar se ha bloqueado en Vertebración del Territorio, la destinada a financiar el convenio de los servicios regionales de Renfe de 2017. La compañía debería recibir 2,6 millones, aunque esto no quiere decir que peligren los trenes pactados.

Para llegar a los 14,3 millones también se han hecho ajustes en las consejerías de Presidencia, Hacienda, Desarrollo Rural e Innovación, además de en el Salud, el Instituto Aragonés del Agua, en el Instituto de Ciencias de la Salud y en el Banco de Sangre.

El problema es que habrá que hacer otras retenciones por 16 millones antes de fin de año para poder cumplir el objetivo de déficit, tal y como reconoció el propio consejero de Hacienda a la vuelta del verano en una comparecencia parlamentaria. Lo que se desconoce por el momento son las partidas que acabarán soportando este «esfuerzo adicional», como lo denominó Gimeno. Para lo que no tendrá problemas es para acabar el año tras firmar este miércoles una inyección de 290 millones del Fondo de Liquidez Autonómica.