Santisteve echa un nuevo pulso a la DGA y recurrirá otros 800 recibos del ICA

El Ayuntamiento de Zaragoza echará un nuevo pulso a la DGA y recurrirá otros 800 recibos del polémico Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA). Lo hará, como ya ocurriera con los de 2016, con aquellos que correspondan a las instalaciones municipales cedidas a terceros. Este mismo año, el Consistorio advirtió de que seguirá haciéndolo hasta que un juez diga lo contrario. No discutirá, sin embargo, las cuantías que adeudan aquellos edificios que gestiona directamente.

El problema radica en la interpretación de la normativa vigente. El Instituto Aragonés del Agua (IAA) insiste en que, pese a que pueden concurrir diferentes personas jurídicas, el sujeto pasivo "es siempre el abonado", por lo que sería el Ayuntamiento, titular de las pólizas, quien tendría que pagar la totalidad de los recibos. Pero Zaragoza en Común (ZEC) duda de este criterio.

El equipo de gobierno recurrió a principios del verano 800 recibos de 2016, pero aún no ha obtenido respuesta por parte del Gobierno de Aragón, que sí desestimó los cerca de 50.000 presentados a nivel particular a través del Boletín Oficial de Aragón (BOA). Ahora, tendrá hasta el 5 de diciembre para abonar los de 2017, que comenzaron a girarse el día 5 en toda Zaragoza.

Fuentes del área de Economía explican que las dudas que existían sobre la interpretación de la normativa "aún no se han resuelto" y que oficialmente nadie ha aclarado quién debe pagar. En caso de que el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad rechace los recursos, el concejal de Economía, Fernando Rivarés, ya advirtió de que la polémica podría acabar en los tribunales.

Los que presentarán en los próximos meses evidencian la falta de entendimiento entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Aunque el presidente de Aragón, Javier Lambán, se ofreció a pagar entre dos y cuatro millones de euros cada año para obras del ciclo hidráulico a cambio de que el Consistorio asumiera el cobro del ICA en Zaragoza, las partes ya han confirmado que el tema no se abordará en la bilateral, aún sin fecha definida, por falta de consenso.

Según cálculos de ZEC, el Ayuntamiento paga cada año unos 85.000 euros de ICA. El Gobierno de Aragón tuvo serias dificultades para girarle las facturas, ya que no envió sus datos hasta que la DGA le envió un requerimiento. También hubo problemas con varias lecturas erróneas de otros contribuyentes.

Santisteve, en las Cortes

El próximo lunes, tanto el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, como su concejal de Economía, Fernando Rivarés, comparecerán en la comisión de las Cortes que estudia la aplicación del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas, por la que ya han pasado el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno; el de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, y la directora del Instituto Aragonés del Agua, Inés Torralba.

La sesión arrancará a las 12.30 con el alcalde y una hora más tarde intervendrá el concejal de Economía. También se llamará a Joaquín García, gerente de Ecociudad. Será la primera vez que Santisteve y Rivarés comparezcan en el Parlamento autonómico.

Manifestación el 10 de noviembre

La Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) ha convocado una manifestación contra el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) el 10 de noviembre a las 19.00. La marcha, explica su portavoz, Enrique Gracia, saldrá de la plaza de Paraíso y terminará en la plaza de España.

El colectivo ha activado una nueva campaña de recursos. Esta vez, plantea presentar reclamaciones ante la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de Aragón. El nuevo modelo, actualizado tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que avala el cobro del ICA, está disponible en su página web y en las sedes de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) y de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), entre otros puntos.

No obstante, serán los interesados quienes tendrán que presentar los escritos en el registro, fórmula con la que el colectivo pretende evitar la saturación de estas asociaciones, que tuvieron que reforzar su personal para asumir la "avalancha" de recursos contra los recibos de 2016.

Quienes ya hayan abonado la factura o la tengan domiciliada tendrán "hasta un mes después de la fecha de pago" para reclamar, mientras que para quienes no lo hagan "el plazo expirará el 5 de enero", informan desde la RAPA. La agrupación instalará mesas informativas "en todos los barrios" los fines de semana hasta el 10 de diciembre. También ha programado una asamblea ciudadana para el próximo día 23 en el centro cívico de Las Delicias.