Los educadores de menores en el medio abierto piden que no se recorte personal

Los educadores que trabajan con menores en el medio abierto, tanto los equipos que se encargan de los mayores de 14 años, como de los menores de esa edad, han reclamado al Gobierno de Aragón planificación y que no se apliquen más recortes de personal en la Comunidad.

Así lo ha señalado en rueda de prensa el educador y miembro del sindicato Colectivo Asambleario de Trabajadores de Aragón, Pascual Jiménez, que ha comparecido junto con el miembro de la sección sindical de esta organización en la Administración autonómica, José Ignacio Diest, la diputada de Podemos, Amparo Bella, y la diputada de IU, Patricia Luquin.

Amparo Bella ha explicado que este colectivo comparecerá este martes en el Parlamento regional para informar sobre "las deficiencias del servicio de atención a menores del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y la falta de desarrollo de los planes de infancia y adolescencia", al tiempo que ha respaldado su reivindicaciones.

La diputada de IU, Patricia Luquin, también ha apoyado a los trabajadores que atienden a los menores en la Comunidad, un ámbito por el que su formación "se ha preocupado a lo largo de esta legislatura" y respecto al que ha planteado la necesidad de planificar "a corto y medio plazo".

Pascual Jiménez, uno de los integrantes de estos equipos de educadores sociales, ha relatado que en la provincia de Zaragoza el equipo que trabaja en la atención a menores de 14 años estaba formado por cuatro de estos profesionales, "y nos han dejado en tres".

Ha añadido que los equipos denominados de medio abierto -que trabajan con mayores de 14 años- contaban con 16 profesionales en 2011 y actualmente hay 13 "y los iban a dejar en 12", si bien finalmente no será así. Según ha detallado, estos últimos se dividen en equipos de cuatro personas a los que se les asigna una zona de la ciudad de Zaragoza y otra de la provincia.

Carga de trabajo

Jiménez ha manifestado que al principio de esta legislatura "se restituyó" parte de las cuatro plazas de educadores que había suprimido el PP en el anterior mandato, pero ahora "nos están recortando", a pesar de que "la carga de trabajo no ha disminuido". En concreto, ha indicado que los equipos de medio abierto atienden a unos 800 menores al año y el de menores de 14 años entre 200 y 300.

Este profesional ha señalado que tanto los educadores de medio abierto, como los que atienden a los de menos de 14 años trabajan con "menores en conflicto social" que cometen infracciones o delitos en la Comunidad.

El equipo de medio abierto se encarga de tareas como la libertad vigilada, los servicios a la comunidad, tratamientos ambulatorios y tareas socioeducativas y tiene "bastante reconocimiento" por parte de la Fiscalía y el Juzgado de Menores.

"Somos uno de los equipos que menor reincidencia tiene en todo el Estado español y que ha apostado por la justicia restaurativa, llegando a acuerdos entre víctimas e infractores en todas las denuncias que no son importantes y que no tienen riesgo hacia las personas".

Al respecto, ha precisado que la mitad del trabajo que realizan se centra en esa tarea de reparación y por tanto se atiende tanto a los menores infractores, como a las víctimas, que en un 40 por ciento de los casos también son menores.

En este punto, Pascual Jiménez ha advertido de que "la falta de eficacia" de su trabajo por carencia de personal "supone que se reincide más y la estructura penal va a ser más dura con quien lo hace y va a acabar en internamiento, que es lo que resulta más caro a la Comunidad".

Este educador ha comentado que en 2016 fueron "líderes en justicia restaurativa en todo el Estado", un servicio que el pasado 2 de octubre cumplió 20 años, y "que todo el mundo reconoce que es eficaz y, sin embargo, nos recortan".

Atención a menores de 14

Pascual Jiménez ha recalcado que el equipo que trabaja en la atención a menores de 14 años es "pionero y referente en España" ya que es el primero que se creó de estas características. Según ha aclarado, la legislación se centra en la atención a aquellos menores que tienen riesgo de abandono y maltrato, que en el caso de los menos infractores supone un 5 por ciento.

El objetivo de este equipo es atender a quienes no tienen esos factores de riesgo, pero han cometido una infracción, que habitualmente no son graves y que muchas veces se deben al desconocimiento de la normativa. En este caso, también se atiende tanto al infractor, como a la víctima.

Jiménez ha comentado que tras constatar que "muchos delinquen porque desconocen la ley", se han creado unidades formativas que dan sesiones en centros de secundaria, que el curso pasado llegaron a 5.000 menores, pero que ahora no se van a poder impartir por contar con un profesional menos.

Ha lamentado que a pesar de que hacen un trabajo "eficaz" y de que el número de casos no ha descendido, se ha producido reducción de personal, para plantear que si es necesario atender a los menores inmigrantes no acompañados o a los acogimientos especiales, el trabajo se reparta entre todos los educadores y no solo repercuta en quienes "realizamos atención directa" porque eso implica "cargarnos un sistema que funciona".

A su entender, este modo de proceder "refleja que en materia de menores no hay ningún tipo de planificación" y ha recordado que hasta 2010 no se hizo un plan integral del menor en Aragón, que estaba previsto hasta 2014, si bien "se metió en un cajón cuando llegó la crisis" y esta legislatura "seguimos sin plan y haciendo las cosas a salto de mata, sin un criterio técnico adecuado".

Ha apostillado que el estudio realizado para conocer el estado de la situación y las necesidades en menores en la Comunidad "no es un plan integral" ya que este también requiere concretar medidas y establecer un calendario, entre otras cosas.

Sistema vulnerable

Pascual Jiménez ha subrayado que el sistema de atención a los menores "es muy vulnerable", se trabaja con una población "en estado crítico a la que hay que proteger" y "no la podemos tener al vaivén del gobierno de turno o de lo que se planifique en un momento determinado".

Estos educadores han planteado una queja al Justicia de Aragón, Ángel Dolado, y han mantenido dos reuniones con la gerencia del IASS y con la dirección provincial, si bien no han sido recibidos por la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno autonómico, María Victoria Broto, a quien han solicitado una entrevista.