Cinco multas al día por desobediencia a policías y guardias civiles en Aragón

El Congreso pondrá en marcha esta semana los trabajos para la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’ por sus detractores. Para las 15.30 del jueves está prevista la constitución de la correspondiente ponencia, donde los grupos comenzarán a buscar consensos para su modificación, teniendo en cuenta los ejes acordados por PSOE y Podemos en el marco del pacto presupuestario que escenificaron el jueves.

Controvertida desde que se dio a conocer el anteproyecto -y ampliamente criticada por la oposición, los movimientos sociales, la UE e incluso la ONU-, la ley ha sido desde 2015 el fundamento de miles de sanciones. Tan solo el año pasado, se impusieron de acuerdo a esta norma cerca de 230.000 sanciones en España, de las que 14.978 se tramitaron en Aragón. Esta cifra, recogida en el anuario estadístico del Ministerio del Interior, refleja un crecimiento del 43,6% de las multas impuestas en Aragón con respecto a 2016, el primer año completo de vigencia del texto legal.

Este texto legal contempla sanciones por incumplimientos en la tenencia y fabricación de explosivos, desórdenes públicos, faltas de respeto a agentes de la autoridad e ilícitos relacionados con las drogas, entre otros aspectos, porque la norma tiene 54 artículos y varias disposiciones adicionales.

El aumento de las infracciones relacionadas con las drogas, precisamente, es el que explica el inusual repunte registrado en 2017. En concreto, se han multiplicado, sobre todo en Zaragoza (las sanciones se acercan a las 8.700 en esta provincia, mientras que en Huesca se registraron unas 1.700 y en Teruel poco más de 900), los expedientes por consumo o tenencia de estupefacientes en lugares públicos.

Igualmente, Interior ha constatado un repunte de cultivo de drogas en Aragón, sobre todo marihuana, pues este tipo de conductas se sancionó de forma testimonial en 2016, pero el año pasado las multas relacionadas con plantaciones ascendieron a 42.

Otras de las conductas que más se han sancionado han sido las que hacen referencia a las episodios de desobediencia a los cuerpos y fuerzas de seguridad.

En Aragón a lo largo de 2017 se contabilizaron 527 sanciones graves por desobediencia o resistencia a la autoridad y 1.440 faltas de respeto a policías y guardias civiles, que tienen la consideración de infracciones leves. Estos datos empeoran bastante los registrados en 2016 y arrojan una media diaria de cinco multas por este tipo de conductas.

De la misma forma que el consumo y tráfico de drogas y las faltas de consideración a los agentes, también se registraron a lo largo de 2017 un número importante de denuncias relacionadas con tenencia irregular de armas y explosivos. En total, se tramitaron 846 expedientes de este tipo, la mayoría por exhibición y porte de armas prohibidas.

Los miles de expedientes impuestos de acuerdo a la ley de Seguridad Ciudadana se traducen en miles de euros en sanciones. Aunque Interior no facilita si todos los sancionados acaban pagando sus multas y el porcentaje que efectivamente abonan, el ministerio sí que pública en cuánto están valorados los expedientes sancionadores que se abren. Las cerca de 15.000 sanciones que se cursaron el año pasado en Aragón de acuerdo a esta ley supusieron algo más de 8,8 millones de euros. Unos ingresos nada desdeñables, porque por ejemplo superan la cantidad que facturan por exceso de velocidad los radares fijos ubicados en las carreteras de Aragón.

El acuerdo al que llegaron PSOE y Podemos, y que previsiblemente se tratará en la ponencia del jueves, incluye la reversión de los artículos de la ley que, a su juicio, tenían por objetivo "desalentar la protesta social" y "limitar los derechos a la libertad de expresión y de reunión", entre otros aspectos.