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Aragón

Caso Plaza: una reforma de lujo gratis y una confesión cara

La Fiscalía Anticorrupción pacta la confesión del constructor que reformó varias viviendas de la familia del principal acusado del caso Plaza, el exgerente Ricardo García Becerril

Ricardo García Becerril, flanqueado por sus abogados, José María Gimeno  del Busto y José María Pabán.
Ricardo García Becerril, flanqueado por sus abogados, José María Gimeno del Busto y José María Pabán.
Guillermo Mestre

La Audiencia de Zaragoza ya ha sido informada oficialmente del acuerdo alcanzado por la Fiscalía Anticorrupción con otro de los 25 acusados del caso Plaza. Se trata del constructor Francisco Hernández Fuertes, quien a cambio de una sustancial rebaja de la pena de cárcel que le pedían declarará en el juicio que reformó dos viviendas del exgerente de la plataforma logística Ricardo García Becerril y giró después las facturas a la UTE Acciona-MLN.

Como destapó en su día el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía, las obras se llevaron a cabo en 2005 en el apartamento que Becerril tiene en la planta 15 del edificio más alto de Salou, así como en el chalé de sus suegros en San Mateo de Gállego.En este último se construyó una piscina y se transformó un viejo almacén en una flamante bodega.

De la ejecución de estos trabajos se encargó la constructora Hernández Langa, con la intermediación del también encausado Miguel Ángel Cantero Molés. Y en ambos casos al exgerente de Plaza las reformas le salieron supuestamente gratis, ya que los gastos se habrían endosado a las contratistas de Plaza.

El pacto le supone a Francisco Hernández la aceptación de dos delitos continuados: uno de cohecho y otro de falsedad en documento mercantil, ya que el empresario también deberá reconocer en el juicio que alteró los datos de una serie de facturas. Pero lo más importante para la Fiscalía Anticorrupción es que, gracias a este acuerdo, logra que otro encausado señale a uno de los considerados cerebros de la supuesta trama corrupta: Ricardo García Becerril.

Antes de negociar con el constructor, la acusación pública pedía para él una pena de 5 años y medio de prisión, 10 de inhabilitación y multas por un total de 304.500 euros. A cambio de su confesión, la Fiscalía Anticorrupción ha reformado su escrito de acusación y propone ahora una condena de 1 año de cárcel, 95.405 euros en multas y tres años y medio de inhabilitación. El ministerio público se garantiza además la recuperación de 189.650 euros que fueron decomisados al acusado por su ilícita procedencia.

Otros dos acuerdos

Los otros dos acusados que evitarán el ingreso en Zuera gracias a su negociación con la Fiscalía son el empresario José Luis Margalejo Campo y el trabajador de la constructora MLN Alejandro Viñuales Larraz.Como ha sucedido ahora con Francisco Hernández, estos firmaron antes acuerdos en los que se reconocieron autores de varios delitos.

José Luis Margalejo confesó un cohecho y una falsedad en documento mercantil, ambos continuados, por los que se le pedirán multas que ascienden a 57.400 euros y tres años y medio de inhabilitación. Por estos mismos hechos, antes se enfrentaba a dos años de cárcel, diez de inhabilitación y una multa de 277.100 euros.

De lo que no se librará es de una tercera acusación por un delito contra la Seguridad Social, por el que será castigado con otra multa aún por calcular.

Aunque hay otras negociaciones abiertas, incluida una entre la Fiscalía Anticorrupción y el propio García Becerril, el que también está hace días cerrado es el pacto que atañe al acusado Alejandro Viñuales Larraz. Por reconocer un delito continuado de falsedad en documento mercantil, la acusación pública pedirá para él 13 meses de prisión, a sustituir por el pago de una multa de 3.900 euros. A esta cantidad se añadirá otra segunda multa de 900 euros.

Agapito se queda solo en la recusación

El empresario y expresidente del Real Zaragoza Agapito Iglesias se ha quedado solo a la hora de recusar e intentar apartar del tribunal del caso Plaza al magistrado Francisco Picazo. Ninguno de los abogados del resto de encausados se han adherido a la petición, y tanto la Fiscalía como Plaza y la DGA se han opuesto.

El que ha emitido ya un informe rechazando los motivos que alega Iglesias contra él –enemistad manifiesta e interés directo o indirecto en el pleito– es el magistrado. En su escrito, Picazo asegura que al empresario soriano "no lo conocía en absoluto, ni de vista, ni por referencias". Recuerda que como juez ha desempeñado gran parte de su carrera fuera de Zaragoza y que ni es aficionado al fútbol ni ha sido seguidor del Real Zaragoza.

"Difícilmente se puede tener amistad, enemistad o experimentar en su caso cualquier otra suerte de sentimiento respecto de alguien al que ni siquiera conoce", indica el juez. La instrucción del incidente ha recaído sobre el magistrado Mauricio Murillo y será la Sala Segunda de la Audiencia Provincial la que finalmente resuelva el asunto.

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