Los ganaderos de vacuno de leche han ganado -en líneas generales- una batalla por la que llevaban años luchando. Por fin, este alimento, y todos aquellos que lo utilicen como uno de sus principales ingredientes, tendrán de dejar claro y visible de dónde viene y dónde se ha transformado. Ya no es una opción. Se convirtió en obligación el pasado 21 de septiembre con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del real decreto aprobado en Consejo de Ministros por el que se regula el etiquetado de origen de un producto alimenticio por iniciativa del Gobierno y sin que haya mediado un mandato de la normativa europea.

Es la primera vez que así se hace en España. Pero no en otros países de la Europa comunitaria. De hecho, esta obligación hace años que avanza con fuerza entre los socios de la UE, impulsada por los consumidores, que la consideran un derecho básico a la información, y por lo ganaderos, que la defienden como una garantía de protección de sus producciones nacionales. Ya presente en Italia y en Alemania, Francia adoptó también esta decisión y la medida entró en vigor ya el 1 de enero del pasado año, mientras los ganaderos españoles se tenían que conformar con confiar en la buena disposición de los industriales y que «de manera voluntaria» quisieran dejar claro en sus productos el origen de la leche utilizada. O, en el peor de los casos, denunciar aquellas cadenas que comercializaban como leche española un producto procedente del país vecino.

Habrá que esperar cuatro meses -desde la publicación de la norma en el BOE-, pero a comienzos del próximo año la tan demandada información comenzará a aparecer -de forma clara y visible- en las etiquetas de las botellas o ‘briks’ de leche, pero también en los envases de yogures, de nata, en las mantequillas y en los quesos. Eso sí, aquellos productos «legalmente fabricados» antes de la entrada en vigor de la norma no tendrán que ser retirados del mercado, ni habrá que añadir información alguna a su etiquetado, ya que el real decreto establece que podrán ser comercializados hasta que se agoten sus existencias.

La normativa tiene, sin embargo, fecha de caducidad. «Dada la importancia atribuida al etiquetado de origen de la leche y los productos lácteos, se ha considerado oportuno regular esta materia, con carácter experimental, durante un periodo de dos años, en línea con regulaciones similares establecidas en otros Estados miembros del entorno», recoge textualmente el Real Decreto. Y es así, porque las autoridades comunitarias, que han dado el visto bueno a las distintas normas con un horizonte temporal, no terminan de ver con buenos ojos este tipo de obligaciones en el etiquetado, porque, en su opinión, encarecen los costes de producción y no está probado que los consumidores europeos vayan a estar dispuestos a pagar más por obtener esa información.

Con todo, aunque con muchos matices, el sector ganadero ha recibido con satisfacción el tan reivindicado real decreto. Lo aplauden, no sin peros, las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias, que dejan ahora la patata caliente en el tejado de los consumidores, de los que esperan que la mayor capacidad de decisión que les da la información adicional que aparecerá en la etiqueta se traduzca también en la cesta de la compra.

Incluso otros sectores, como el apícola, confían en que la norma abra las puertas a la regulación del etiquetado de la miel.

A partir de 2019, usted (consumidor) podrá decidir qué leche, yogur, mantequilla, nata o cualquier otro derivado lácteo -procedente de cualquier animal de abasto, ya sea vaca, cabra y oveja- va a comprar sabiendo el lugar de origen del ingrediente principal y demostrar así su apuesta por la ganadería y la industria española o decantarse por otras cuestiones que poco tienen que ver con la nacionalidad del producto.

Le bastará con leer la etiqueta, porque en ella debe figurar (por obligación) el país de origen del ordeño y de la transformación. Si lo que está escrito es la mención ‘España’ sabrá que ambas actividades se han realizado dentro del territorio nacional. Si lo que usted lee es el nombre de un estado miembro o la expresión ‘fuera de la UE’ significa que el origen del producto corresponde a un socio comunitario o que la leche procede de un país que no pertenece al club europeo.

Y podrá leerlo sin dificultad, porque esta información debe de ser «clara» y tiene que verse «bien» y a una distancia «suficiente». La encontrará en la parte del etiquetado en la que aparecen los ingredientes -o en su defecto cerca de la denominación del alimento-, con el mismo tamaño de letra y color que el de la fuente utilizada para el resto de componentes. Y «en modo alguno» podrán estar «disimuladas, tapadas o separadas» por ninguna otra indicación, imagen o elemento interpuesto.

Tiene que saber además que si dicha información no aparece en el etiquetado es porque la cantidad de leche que contiene el producto es inferior al 50% (en peso) respecto al total de ingredientes utilizados. En este caso no es obligatorio. Pero puede suceder también que aparezca información adicional, si así lo deciden los operadores de empresas alimentarias, que pueden completar las indicaciones a las que están sujetos con una referencia al lugar de procedencia regional o territorial de la leche, siempre que este no coincida con un nombre protegido por el reglamento de la UE para el mismo producto.

Estas son las exigencias que recoge el real decreto aprobado por el Gobierno el pasado 21 de septiembre, con el que se obliga a los fabricantes a dejar bien claro en el etiquetado de dónde procede la leche y en qué lugar se ha transformado. No es un capricho del Gobierno de turno. Es una vieja demanda de los ganaderos, que llevan años reivindicando una normativa que visibilice la producción nacional, alegando que las explotaciones españolas llevan años soportando las pérdidas que provoca la entrada de leche de países vecinos a bajo precio que se envasa en España y que el consumidor adquiere sin saber que el producto tiene poco de español. Ahí está además la desequilibrada balanza comercial del sector. Según los datos del último informe del Observatorio del Mercado Lácteo de la Comisión Europea, las importaciones de productos lácteos que llegan desde la Unión Europea triplican las exportaciones realizadas por España. En cifras: entre enero y abril del actual ejercicio, España exportó 43.193 toneladas de productos lácteos, pero fueron 135.273 toneladas las que entraron en el país, lo que supone un saldo comercial con signo negativo de nada menos que de 92.080 toneladas. Una cifra en crecimiento si se compara con el mismo periodo de 2017.

Los consumidores

La mayor transparencia y la mejor información en el etiquetado de los alimentos también son exigencias que cada vez lanza mayor número de ciudadanos, que quieren conocer dónde se producen y se elaboran los alimentos que terminan en su cesta de la compra. Lo corrobora la Unión de Consumidores y Usuarios (OCU), que recuerda que ya en 2013 realizó una encuesta entre un millar de ciudadanos españoles que reveló que cerca del 60% de los participantes consideraban importante conocer el lugar de procedencia de los alimentos que consumen para tomar su decisión de compra.

Es quizá por eso que el propio real decreto deja claro que «parece pertinente prever una indicación adecuada del lugar de ordeño y de transformación de la leche, de modo que satisfagan mejor las necesidades de los consumidores y, al mismo tiempo, se evite una complejidad de la etiqueta, así como cargas demasiados gravosas a las empresas, que finalmente incidirían en el precio final del producto».

Una afirmación que en su parte final parece lanzar un mensaje a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Porque hacia este organismo que vigila el correcto funcionamiento de las relaciones comerciales vuelve su mirada el sector ganadero cuando se le pregunta por el retraso -más de un año- que ha sufrido la aprobación de la norma. Una ralentización de la que también se responsabiliza al «cambio de Gobierno» o a «la presión que han ejercicio las multinacionales».

Y es que la CNMC ha sido una de las firmes detractoras de incluir el origen en el etiquetado de los productos lácteos. De hecho, el pasado mes de junio esta comisión emitía un informe en el que dejaba claro que «la procedencia geográfica de los productos puede ser un dato importante para el consumidor, y nada impide que las empresas incluyan esta información en los etiquetados de sus productos lácteos». Pero consideraba que esta decisión debería ser opcional para los productores, porque la obligación de que las empresas -decía en su escrito- incluyan esta información en el etiquetado «puede contribuir a compartimentar el mercado por zonas geográficas, restringir la libre circulación de mercancías y afectar a la competencia».

El real decreto, sin embargo, ya está ahí y será de obligado cumplimiento a partir de enero de 2019, ya que el Gobierno ha decidido dar a la industria un periodo transitorio -cuatro meses tras su publicación en el BOE- para que adapten sus envases a la nueva normativa.

Eso para los productos fabricados a partir de ese momento, porque en los lineales el consumidor encontrará otros que no ofrecen esta información. Será porque se producen fuera de España pero se comercializan aquí, con lo que no están sujetos a la normativa. O será porque dichos alimentos fueron fabricados antes de la aprobación del real decreto y no tienen obligación de modificar sus envases por lo que se comercializarán, hasta agotar existencias, tal como se hacía hasta ahora, es decir, sin especificar el origen de la leche.

Los ganaderos

Los productores han recibido de buen agrado el real decreto aprobado por el Gobierno. Lo han reclamado durante años, convencidos de que valorizará y dará visibilidad al sector y especialmente al trabajo de los ganaderos, como coinciden en señalar las organizaciones agrarias, que esperan que se cumplan las encuestas oficiales a las que ha hecho referencia el Ministerio de Agricultura y en las que se asegura que el 86% de los distribuidores están convencidos de que el origen español hará aumentar sus ventas.

Pero aunque aplaude la normativa, el sector no lanza vítores ante un real decreto al que encuentran más de un lado negativo. Sus representantes coinciden en destacar que la fórmula elegida para identificar el origen «puede resultar confusa» y les parece que se queda corta la exigencia de que se dará dicha información ‘solo’ cuando la leche utilizada para producir el alimento represente más de la mitad del peso total de todos sus ingredientes.

Lamentan además que no tenga un carácter definitivo y se sepa el final de su aplicación: en dos años. Y les hubiera gustado que se hiciera mención a algún tipo de control o sanción en caso de que se produzcan incumplimientos. Pero consideran que ya era hora de que la leche en España «se revalorice sí o sí» y creen que, al menos, la norma no empeora la delicada situación que ya vive el sector lácteo español.

Menos leche y más barata en la cesta de la compra

La obligatoriedad de hacer visible el origen de la leche era una antigua reivindicación del sector ganadero español, harto de soportar una continúa caída de precios motivada por el fin de las cuotas lácteas y por el veto ruso, pero también, denuncia el sector, por la utilización de la leche como producto reclamo por las grandes superficies, a las que acusan de vender excedentes de otros países a bajo coste. Por eso, con la posibilidad de que el consumidor tenga información y pueda decidir, los productores albergan la esperanza de que sus ventas se dinamicen.

Lo que preocupa no es solo el precio, sino también un consumo que parece haber entrado en caída libre. El informe anual sobre alimentación en España en 2017, que elabora anualmente el Ministerio de Agricultura, enciende todas las alarmas. Dice el documento que en 2017 las ventas cayeron un 0,3% en volumen y un 2,3% en valor. Unas cifras preocupantes si se echa la vista atrás. Son ya más de dos décadas en las que el consumo de leche cierra el ejercicio a la baja. Solo hubo dos excepciones, 2009 y 2010, pero en 2011 volvió a una senda descendente de la que no ha logrado desviarse.

Las ventas de leche desnatada son las que muestran peor comportamiento. Según el informe del Ministerio, en 2017 cayeron un 3% en volumen y el 5,3% en valor. Tampoco se libró del signo negativo la leche entera, que perdió un 1,5% de consumo en el ejercicio anterior y que se ha colgado el dudoso honor de ser la categoría con el mayor descenso (más de 30% ) desde el año 2000, una situación que muchos expertos achacan a la preocupación de los consumidores por el peso y las grasas. Quizá sea también esa la razón que explica que la semidesnatada (que supone el 47% del consumo total de este producto) logra aguantar estos vaivenes e incluso se apunta un incremento del 1,9%.

Se compra menos leche y además, más barata. El informe destaca que el pasado año el consumo per cápita cayó un 4% hasta los 69,90 litros. Además, el precio medio de la leche consumida rondó los 0,69 euros el litro, un 2% menos que en 2016, que arrastró así el gasto per cápita hasta los 48,45 euros, un 6% menos que un año atrás.

Al menos, el espacio que la leche está cediendo en la cesta de la compra, lo están ocupando, cada vez con más presencia, derivados lácteos como el yogur, los batidos, la mantequilla, los postres o los quesos. Y su etiqueta también tendrá que informar del origen de la leche con la que están elaborados.

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