Los científicos de la Universidad de Zaragoza seguirán movilizándose para conseguir que su actividad investigadora quede excluida de la nueva ley de contratos públicos que paraliza sus proyectos y les ahoga en burocracia. Cinco miembros del grupo promotor de un manifiesto contra esta normativa, que entró en vigor en marzo del año pasado, entregaron este viernes al rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, 620 firmas de profesionales del campus público que apoyan esta reivindicación. En una próxima asamblea decidirán las acciones que van a llevar a cabo.

"El Gobierno elevó de 15.000 euros a 50.000 el límite del gasto que se puede hacer por proveedor, pero ya está agotado y los problemas continúan", explicó el director del departamento de Bioquímica, Alberto Anel, uno de los impulsores del documento. En su caso, por ejemplo, tardó dos meses en comprar un anticuerpo que utiliza en su trabajo sobre la inmunoterapia del cáncer al tener que recurrir a un concurso con publicidad cuando se alcanzó el máximo de gasto permitido.

Además de con el rector, los investigadores mantuvieron la reunión con el gerente de la Universidad, Alberto Gil. "Aunque este tema tiene que solucionarse a nivel nacional, creemos que es importante seguir presionando desde la base para dar visibilidad a este problema y concienciar a los responsables políticos y sociales", comentó Anel tras finalizar el encuentro.

Mayoral les trasladó su "sintonía" con las críticas, que comparten también los rectores de las universidades españolas. El próximo 31 de octubre se va a reunir la comisión de I+D de la Conferencia de Rectores (CRUE) para tratar este asunto. Se ha solicitado al Gobierno que cada proyecto de investigación se considere una unidad de gasto, lo que agilizaría y facilitaría las gestiones.

"Estamos pagando justos por pecadores como consecuencia de la corruptela política que se ha vivido en este país", criticó Anel. La ley nació con el objetivo de combatir los despilfarros de dinero público. Los investigadores están a favor de que exista un control. De hecho, ya pasan varias auditorías.