El Gobierno central cuestiona el contenido de varios artículos de la Ley 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón. El Estado y el Ejecutivo PSOE-CHA deberán intentar llegar a acuerdos en la comisión bilateral de cooperación Aragón-Estado para acercar posturas y, si se mantienen las discrepancias, el Gobierno central, previa consulta al Consejo de Estado, interpondrá otro recurso ante el Tribunal Constitucional. 

La norma aragonesa impulsada por CHA, que se aprobó en las Cortes con el apoyo de PSOE, Podemos, PAR e IU y el voto en contra de PP y Ciudadanos, ya suscitó dudas en el Gobierno central, entonces liderado por el popular Mariano Rajoy, tras su toma en consideración en el Parlamento aragonés. También el letrado que participó en la ponencia de las Cortes realizó varias recomendaciones que los parlamentarios no tuvieron en cuenta.

El Consejo de Ministros podría comunicar hoy de forma oficial el dictamen del Consejo de Estado y convocar la comisión para solucionar el conflicto.

Con independencia de la decisión final que adopte el Gobierno, el presidente del PP-Aragón, Luis María Beamonte, y la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Monserrat, presentarán el lunes en el Tribunal Constitucional su recurso contra la ley de derechos históricos, en el que aportarán informes jurídicos que sostienen que la norma aragonesa vulnera la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

El procedimiento que se va a seguir con esta ley es el mismo que se aplica con todas las normas autonómicas que incluyen, según el Consejo de Estado, artículos que podrían vulnerar la Constitución. El último proceso en Aragón ha sido el de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón, en el que había discrepancias en varios artículos, pero se llegó a acuerdos en la comisión bilateral de cooperación Aragón-Estado en la mayoría de ellos y solo uno, el 14.1.u), suscitó el recurso que presentó el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional.

La ley aragonesa que se cuestiona ahora nació de una proposición de ley impulsada por CHA. Durante la toma en consideración en las Cortes, el diputado de CHA Gregorio Briz recordó que daba respuesta al punto 20 del acuerdo de investidura. Su socio de Gobierno, el PSOE de Javier Lambán, tendrá que negociar ahora con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, del mismo signo político, qué solución dan a la polémica suscitada.

No se impulsará su desarrollo

La controversia que rodea a la ley de derechos históricos llegó también al debate sobre el estado de la Comunidad en forma de dos propuestas de resolución que ayer fueron rechazadas. CHA pedía que el Gobierno aragonés aprovechara "los mecanismos, recursos y oportunidades que se contemplan en la ley de derechos históricos". Su petición fue respaldada por los diputados de Podemos, PAR e Izquierda Unida, pero decayó por la abstención de los parlamentarios de su socio de Gobierno, el PSOE, que sería el encargado de aplicarla. Tampoco prosperó la petición de C’s para recurrir la ley ante el Constitución, a la que se opusieron PSOE, CHA, Podemos y votaron a favor C’s, PP y PAR, en el caso de los aragonesistas por "un error".