El aval del Constitucional al ICA tensa a críticos y defensores en plena negociación

La sentencia del Tribunal Constitucional que avala el cobro del ICA y desestima el recurso presentado por Podemos e IU ha encendido el debate sobre su aplicación en plena negociación sobre su reforma y a solo unos días de que comiencen a girarse los recibos de 2017 en Zaragoza. El presidente de Aragón, Javier Lambán, instó este martes a los detractores a "dejar de intoxicar a los zaragozanos diciendo que pagan dos veces por lo mismo".

El líder del Ejecutivo aseguró que él siempre ha pensado que el ICA estaba "bien planteado" y que cualquier reforma que se apruebe "servirá para perfeccionarlo, pero nunca para eliminarlo". Afirmó, a este respecto, que el impuesto actual es "justo" y "no sustancialmente imperfecto", una tesis que también sostuvo el portavoz del PSOE, Javier Sada, que recordó que siguen las negociaciones "para que los aragoneses paguen en la media de otras comunidades, que el ICA tenga carácter ambiental y que se dé una solución a las familias con menos recursos".

El Ejecutivo también negocia con el Ayuntamiento de Zaragoza, con quien pretende cerrar un convenio para que el Consistorio asuma el cobro del ICA a cambio de una partida anual para obras del ciclo del agua aún por concretar. El alcalde, Pedro Santisteve –impulsor del recurso–, mostró este martes su "respeto" por la sentencia, pero volvió a cargar duramente contra el impuesto. "No puede servir para tapar pufos relacionados con el incumplimiento del plan de depuración", dijo. Tampoco cree lógico que Lambán "imponga ya una serie de medidas" antes de que concluya la comisión de estudio de las Cortes.

Más comedido se mostró al hablar de cómo podría afectar esta sentencia a la bilateral entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento. "Tiene que ser un éxito y reflejar la capacidad de negociación de ambos gobiernos. Hay que ofrecer a los ciudadanos resultados y logros", afirmó.

Para la portavoz de Podemos, Maru Díaz, "lo único que ha dicho el Constitucional es que el ICA no era irregular respecto a la legislación". "Pero eso no determina que sea un impuesto justo o injusto", apuntó. La formación morada insiste en que "tiene que ser mayoritariamente una tasa" y en que el Gobierno de Aragón debe asumir 12 millones "por los sobrecostes del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración". También cree necesario que el cobro se haga de forma directa "y no se externalice". "Seguiremos defendiendo estas líneas rojas con las herramientas que nos queden", manifestó.

IU, otra de las formaciones que impulsó el recurso, entiende que la sentencia "no evita el problema político que inspiró la queja". "Lambán debe aprovechar para resolver este conflicto, que sigue candente. Izquierda Unida continúa poniendo en tela de juicio este impuesto, que no sigue los parámetros para los que está formulado", aseveró su coordinador general en Aragón, Álvaro Sanz.

El fallo también hizo reaccionar al PP. Su portavoz en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, lamentó que el ICA se haya convertido "en un arma arrojadiza" entre PSOE y Podemos. "Les preocupa poco sangrar los bolsillos de los zaragozanos", afirmó.

"No afecta a las propuestas"

Enrique Gracia, portavoz de la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), insiste en que el fallo "no entra a valorar el concepto de justicia". "No afecta a nuestras críticas ni a nuestras propuestas para modificar el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración y su sistema de financiación. El escenario sigue donde estaba", asevera.

El colectivo considera que cerrar un acuerdo es "la única salida razonable" y advierte de que si la DGA "comete el error de tramitar el cobro", la respuesta de los ciudadanos "no será menos".