Aragón reservará el 1% de las ofertas públicas de empleo para personas transexuales y víctimas de violencia de género

Las personas transexuales y las víctimas de violencia de género van a tener en breve el mismo tratamiento en las ofertas públicas de empleo (OPE) que convoquen las diferentes administraciones públicas de Aragón que tienen ahora las personas con alguna discapacidad y las víctimas -y familiares de víctimas- de terrorismo.

Ambos colectivos tendrán derecho a reserva de plazas en las convocatorias de empleo público.

Este cupo será, como mínimo, del 1% en ambos casos, según queda recogido en la ley de Identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación -conocida como 'ley trans'- y en la de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Las dos normas han sido aprobadas recientemente, pero falta que se elaboren los reglamentos para que puedan desarrollarse y aplicarse.

En el caso de la que regula la identidad y no discriminación de las personas transgénero, que es pionera en la legislación española, fue fruto del acuerdo alcanzado entre los partidos políticos y los colectivos LGTBI -lesbianas, gais, bisexuales y transgénero-.

Trata de recoger en su articulado la mejor forma de abordar íntegramente los problemas que este colectivo sufre en diferentes ámbitos como el laboral, educativo, social, familiar, sanitario, juventud y personas mayores, de ocio, cultura y deporte, cooperación internacional, comunicación, cuerpos y fuerzas de seguridad, entre otros.

Tras su aprobación, y a falta de que el reglamento que desarrolle su puesta en marcha vea la luz, CC. OO. consideró que la reserva de plazas fijada, no inferior al 1%, es “insuficiente y mejorable”, por lo que ya avanzó que en los sectores de las administraciones aragonesas en los que el sindicato esté presente -local, autonómica, justicia, sanidad y educación-, plantearán que se aumente ese porcentaje.

“Hay que dar mayor visibilidad al colectivo y facilitar de este modo una mejor inclusión laboral lo que a su vez contribuye a una participación igualitaria en la sociedad”, explicó en su momento en una nota de prensa.

Estas dos nuevas reservas de plazas en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) de las diferentes administraciones públicas de Aragón vienen a sumarse a las que ya están vigentes para personas con discapacidad y víctimas y familiares de víctimas del terrorismo.

Para el primer caso, la legislación autonómica contempla un cupo del 7%, de que el 2% debe ser reservado específicamente para discapacitados intelectuales; en el segundo, regulado en la ley estatal de protección a las víctimas de terrorismo, el cupo de reserva es del 1% de las plazas que se oferten.

Francisco José González, secretario general de Administración Autonómica de CC. OO., ha explicado este lunes que estos cupos se aprueban para fomentar y facilitar la inserción laboral de los colectivos más vulnerables, aquellos que a priori tienen más dificultades para encontrar empleo.

“Debe haber cupos”, afirma. “Es una manera de estimular que se presenten a las OPE -recuerda-. Aunque ni siquiera con reserva de plazas hay garantías de que vayan a inscribirse. En muchas ocasiones, los puestos quedan vacantes y se suman a las plazas que se ofertan en el turno libre”.

Para el representante de CC. OO. es una cuestión de coherencia. “Las administraciones deben dar ejemplo -afirma-. Si aprobamos leyes contra la discriminación y a favor de la integración social y laboral y luego no la fomentamos estaríamos dando un mensaje muy contradictorio”.

Por otra parte, considera que con estas medidas se hace un llamamiento a la empresa privada para que “haga un esfuerzo” e integre también en sus plantillas a ciudadanos pertenecientes a estos colectivos.

Desde el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón se ha avanzado este lunes que el desarrollo normativo de ambas leyes va a buen ritmo y que, en todo caso, los reglamentos estarán antes de que finalice la legislatura.

Natalia Salvo, directora general del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), ha explicado que la razón por la que las Cortes de Aragón, que aprobaron ambas leyes, contemplaron la necesidad de que hubiera cupos en las ofertas públicas de empleo de la Comunidad para estos colectivos es porque se consideran “especialmente vulnerables”. “En el caso de la violencia de género -ha apuntado-, se ha intentado que las situaciones se asemejen a las de las víctimas de terrorismo”.