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Aragón

Un total de 277 empresas catalanas trasladan la sede social a Aragón desde el referéndum

Empresarios y economistas dicen que la situación «es insostenible en el tiempo» y piden soluciones.Culpan a la deriva soberanista de que ambas comunidades no hayan crecido más estos 12 meses.

El referéndum del 1 de octubre provocó la salida de cientos de empresas del territorio catalán.
El referéndum del 1 de octubre provocó la salida de cientos de empresas del territorio catalán.
Efe

Un total de 277 empresas catalanas han trasladado su domicilio social a Aragón un año después del referéndum ilegal independentista del 1 de octubre. El 67,5% han elegido Zaragoza, mientras que 72 (25,9%) han recalado en Huesca y 18 (6,4%) han preferido Teruel. Los datos del Boletín Oficial del Registro Mercantil recopilados por la Cámara deComercio de Zaragoza revelan que siete de cada diez traslados se produjeron entre el 2 de octubre y el 28 de febrero.

El último nombre en sumarse a la lista –en la que aparecen Laboratorios Ordesa, Proclinic Expert, Grupalia, TorrotElectric Europa, MGS Seguros, Punt Roma o Argal–, ha sido el de Filmosol, una empresa metalúrgica que ha cambiado Barcelona por la calle de la Corona de Aragón de Zaragoza.

Los últimos 12 meses han estado marcados por "una gran incertidumbre". Lo reconoce el presidente de la Confederación de Empresarios de Aragón, Fernando Callizo, que admite que la crisis catalana "sigue siendo un tema complejo que preocupa en el ámbito empresarial".

Pese a la fuga de empresas, las relaciones comerciales entre Cataluña y Aragón "se han mantenido con una fluidez similar a la de otros años". "Quitando algún pequeño detalle, la situación es en estos momentos de normalidad. No tengo constancia de que haya empresas aragonesas que se estén viendo afectadas. Al menos no de forma alarmante", afirma.

La deriva soberanista provocó "tensión y alarma". "Abrió un periodo de reflexión en muchas empresas. Se desconocía si podrían trabajar con normalidad o si habría dificultades de cobro", dice.

Actualmente son más de 3.700 las empresas que han cambiado su sede social a otros puntos de España. El presidente de CEOE-Aragón cree que este goteo "seguirá produciéndose en un ritmo similar al de los últimos años". Sobre todo si se tiene en cuenta que "el futuro es incierto". "No se sabe hasta qué punto Torra y su equipo están dispuestos a saltarse la ley. Desde que tomó posesión ha habido muchas amenazas, pero hasta ahora no ha adoptado acciones concretas", recuerda.

La propia Universidad de Zaragoza alertó en un informe elaborado a petición del Gobierno de Aragón de que el Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad podría caer entre un 0,5% y un 1,2% por la crisis catalana. También podrían dejar de crearse hasta 6.338 empleos. El decano del Colegio de Economistas de Aragón, Javier Nieto, confirma que tanto Aragón como Cataluña podrían haber crecido "a mayor ritmo" de no haber sido por la incertidumbre provocada por la deriva soberanista. "Es nuestro primer cliente y proveedor. Si ellos se resfrían, nos afecta", expone.

Pese a que Cataluña encadena "13 meses trimestres consecutivos de crecimiento", Nieto cree que los mayores efectos podrían percibirse "más a largo plazo". "Si la economía tira supera estas circunstancias. Estuvimos un año sin Gobierno y creció bien. El tema catalán no sé por dónde evolucionará, pero sí hay que tener en cuenta que a esta incertidumbre se suman la fragilidad del Gobierno y el hecho de que en 2019 haya elecciones autonómicas y municipales", dice.

Un marco jurídico estable

Para José Miguel Sánchez, director general de la Cámara de Comercio de Zaragoza, los datos demuestran que "cuando el marco jurídico no es estable se producen los mayores desplazamientos", de ahí que más del 70% se registrasen justo después del referéndum ilegal. Los agentes consultados coinciden en que la aplicación del artículo 155 frenó la fuga de empresas. También creen que la situación "requiere de una solución", ya que, como recuerdan, "la incertidumbre es desastrosa para el mundo de la economía".

"Lo que está claro es que esta situación es insostenible en el tiempo. El empresariado catalán está hastiado. Hay que dar una respuesta dentro del marco de la Constitución", señala Callizo.

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