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Aragón

Las nuevas pulseras para maltratadores llegarán a Aragón antes de que finalice el año

El Gobierno central adjudicó la renovación de los sistemas de control a una UTEde Telefónica el pasado julio.

Una de las pulseras GPS que se utilizan en algunos casos de violencia de género
Imagen de archivo de las pulseras GPS adquiridas en 2009 y que serán sustituidas próximamente.
C. I.

"Desde el 8 de mayo, la pulsera que lleva el agresor de mi clienta ha saltado siete veces. Esto no puede ser". Así de categórico se muestra el abogado de una vecina de Zaragoza que fue víctima de malos tratos hasta el punto de que su expareja intentó matarla hace unos años y ya ha sido condenado por la Audiencia de Zaragoza.

El letrado prefiere guardar en el anonimato los detalles del caso para que no se identifique a su clienta, a la que no ha informado de las alertas que ha emitido el dispositivo del agresor. "Sin lugar a dudas, las últimas alarmas tienen que ver con la obsolescenciadel sistema", asevera el abogado, que explica que una de las incidencias saltó cuando el maltratador estaba en un pueblo de Teruel y, la víctima, en la capital aragonesa.

Utilizando el registro de ubicaciones de Google Maps, una herramienta que está instalada en todos los teléfonos de sistema Android, la defensa del agresor pudo demostrar que su cliente se encontraba a cientos de kilómetros de la zona de seguridad de la víctima.

La teoría dice que las pulseras generan una alerta telemática en tres supuestos: cuando su portador se acerca a la víctima, cuando la manipula y cuando la mujer maltratada pulsa el llamado botón del pánico (presente en el receptor asociado a la pulsera y que en todo caso se entrega a la víctima).

Pero lo cierto es que la precisión no la mejor virtud de este sistema y las alarmas saltan sin causa aparente y, en otras ocasiones, el sistema no puede comprobar si efectivamente se trata de un aviso real de quebrantamiento o de un fallo técnico.

Cada alarma generada por una pulseras, inicia un expediente judicial, amén de un dispositivo policial para proteger a la víctima. Es decir, se movilizan una serie de recursos públicos que se pierden en el caso de alertas vinculadas a fallos técnicos, que por cierto, son muchos. A juzgados de toda España ya han llegado casos como el que relata a HERALDO el abogado zaragozano.

De hecho, recientemente, el titular del Juzgado de lo Penal número 9 de Zaragoza absolvió a un hombre que fue juzgado por un delito de quebrantamiento de condena porque no pudo demostrarse que dos alertas que saltaron de su pulsera una noche respondieran un intento de acercarse a su expareja, lo que tiene prohibido por orden judicial.

La solución, más cercana

El mal funcionamiento de los sistemas se encuentra, como señalan los abogados, íntimamente relacionado con su antigüedad, porque están a punto de cumplir una década, ya que fueron adquiridos en 2009.

Con toda probabilidad, los fallos se erradicarán cuando el Gobierno central empieza a repartir las pulseras que ha adquirido recientemente. Fuentes de la Secretaría de Estado de Igualdad han asegurado a este diario que los dispositivos comenzarán a entregarse este mismo año.

Una UTE formada por dos divisiones de Teléfonica se ha adjudicado la licitación por un periodo de dos años y medio (prorrogables por otro idéntico) y por una cantidad cercana a los 15,6 millones de euros. Lo ha hecho después de que un primer intento de licitación, a principios de este año, quedara desierto por la falta de interés de empresas del sector tecnológico.

Según han precisado fuentes de la Secretaría de Estado de Igualdad, las nuevas pulseras se entregarán "para las nuevas instalaciones que se realicen a partir de la formalización del contrato y para sustituir los dispositivos actuales".

De acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad y recogidos en las estadísticas del Instituto Aragonés de la Mujer, en Aragón hay actualmente una treintena de pulseras instaladas.

Desaparecidos, obsoletos y sin garantía de fábrica

Los pliegos de licitación del contrato de las pulseras antimaltrato no escatiman a la hora de detallar los fallos y carencias de este sistema para incidir en la necesidad de su actualización. Redactado en abril de 2018 por la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y firmado el aragonés Mario Garcés, exsecretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, el documento afirma que de los 3.000 dispositivos que se adquirieron en 2009, más de la mitad no funcionan correctamente o están desaparecidos. La evolución tecnológica, el deterioro asociado al uso, así como los robos o extravíos de pulseras están detrás de esta merma de disponibilidad.

Una multinacional de EE. UU.

Además, inciden los pliegos, estos dispositivos ya no tienen garantía del fabricante, por lo que su mantenimiento técnico, a la par que complicado, más costoso para la Administración pública. Los viejos dispositivos de control funcionaban con tecnología 2G, mientras que los adquiridos recientemente lo harán al menos con 3G y se prevé que puedan adaptarse a conexiones 4G, 5G "u otros sistemas similares o que se puedan desarrollar en el futuro", según las especificaciones técnicas de la contratación.

Según ha podido saber este diario, la UTE que se adjudicó el contrato ha adquirido pulseras GPS de la marca Attenti, una multinacional estadounidense con dos décadas de trayectoria que trabaja en 40 países y monitoriza cada año a más de 200.000 personas de todo el mundo sobre las que pesa algún tipo de medida judicial.

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