La regulación de viviendas de uso turístico en Aragón, una cuestión de equilibrio

Al realizar una búsqueda de pisos turísticos de alquiler en Aragón en alguno de los portales que ofertan este tipo de servicios en internet aparecen, por lo general, cientos de resultados. Y es que la Comunidad aragonesa cuenta, según datos del registro del Gobierno de Aragón, con 1.181 viviendas de uso turístico inscritas. (185, en Teruel; 261, en Zaragoza; y 735, en Huesca). El servicio de inspección del Gobierno de Aragón vela por el cumplimiento de la normativa que rige sobre estos alquileres e investiga, en la medida de lo posible, los portales y viviendas anunciadas que deben contar, además de otros requisitos, con el correspondiente número de registro.

En este sentido, desde la dirección general de Turismo “se han enviado comunicaciones a los portales para advertir de la obligación de que las viviendas que publiciten estén inscritas”, señalan desde Ejecutivo autonómico.

Sobre estas ofertas de alquiler, el Gobierno central anunció hace unos días que “prevé modificar la ley de arrendamientos urbanos y la de propiedad horizontal para abordar esta cuestión del auge de viviendas de uso turístico, uno de los principales retos al que se enfrenta el turismo”, señaló la secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Oliver.

En este momento, desde el Gobierno de Aragón se estudia la medida propuesta, si bien los problemas que se producen en ciudades como Barcelona o Madrid “tienen poco que ver con la realidad que se vive en Aragón”, añaden fuentes de la DGA.

La Dirección General de Turismo participó en el grupo de trabajo en Madrid, dentro de la Conferencia Sectorial de Turismo, que tenía como objetivo unificar el concepto y normativa de las viviendas de uso turístico. En este sentido, desde el Gobierno de Aragón se destaca que “existen puntos que resultan interesantes, si bien todavía queda trabajo por realizar para aclarar cuestiones”.

Por otra parte, el Colegio de Administradores de Fincas de Aragón, en línea con la postura del Consejo General de Administradores de Fincas de España, aboga por una nueva ley de propiedad horizontal en la que se trate el tema de las viviendas de uso turístico como un punto concreto.

Los administradores de fincas colegiados señalan, además, que “es necesario que las medidas que se aprueben garanticen un equilibro razonable entre el derecho de los vecinos a disfrutar de su viviendas sin molestias y el libre ejercicio del derecho de propiedad de los arrendadores”.

Según adelantó la secretaria de Estado de Turismo durante la pasada reunión de la mesa de trabajo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para tratar de regular el alquiler de Viviendas de Uso Turístico (VUT) en España “las comunidades de vecinos podrán prohibir por mayoría simple de 3/5 el establecimiento de pisos turísticos en su edificio”.

En relación a esta medida, el presidente del presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, Salvador Díez, respalda la propuesta para que una mayoría cualificada de la comunidad de propietarios pueda prohibir el uso de las viviendas para este fin y por ello explica que “los administradores de fincas solicitamos no solo una reforma, sino una nueva ley de propiedad horizontal que solvente este y otros muchos problemas de las comunidades de propietarios”.

No obstante, recalcan que “si la modificación de la ley se limita al cambio de mayoría -de unanimidad a mayoría simple de 3/5- esta será incompleta, pues entrará en conflicto con otros aspectos de la propia Ley”.

Por otra parte, los Administradores de Fincas colegiados entienden que no deben ser las comunidades de propietarios las que resuelvan cuestiones acerca de las viviendas de uso turístico “ya que si se traslada toda la decisión a ellas se añade un nuevo foco de conflictos en la complejidad que ya tienen, por sí mismas, las relaciones vecinales”, exponen.

Por ello, subrayan la necesidad de contemplar el arrendamiento turístico como actividad económica y completar la regulación con la nueva ley de propiedad horizontal y de este modo “facilitar herramientas que puedan usar los vecinos para defender sus derechos”.