Recurso al Constitucional

El PP recurrirá la próxima semana ante el Tribunal Constitucional la Ley de Actualización de Derechos Históricos de Aragón, que fue aprobada por las Cortes el 28 de junio a pesar de las objeciones que formularon tanto el Gobierno central como el letrado del Parlamento regional. El Alto Tribunal deberá dirimir si, como apuntan numerosos juristas, la ley contiene preceptos que atentan contra la Constitución y el Estatuto de autonomía.

Cuando el desafío secesionista en Cataluña sigue enturbiando las política española, los partidos que sostienen al Gobierno aragonés y alguno más se han descolgado con una Ley de Derechos Históricos, aprobada con los votos de PSOE, Podemos, PAR, CHA e IU. El presidente Lambán, que esta misma semana ha querido destacar su defensa de la unidad de España y su rechazo de los nacionalismos excluyentes, cedió a los intereses de sus socios respaldando una ley sobre asuntos acerca de los cuales no era preciso legislar, que olvida que el fundamento jurídico del autonomismo es la Constitución y que enmienda la plana al Estatuto, que nació de un amplio consenso parlamentario.

La ley, en cuya tramitación ya se advirtió por parte del Ministerio de la Presidencia y del letrado de las Cortes de su posible falta de encaje en la Constitución, no responde a ningún sentimiento social mayoritario de los aragoneses. En realidad, no resuelve ninguna necesidad auténtica, pues cuanto toca ya estaba legislado: bandera, escudo, Justiciazgo, patrimonio, Cámara de Cuentas y lenguas. Además, disparata en su visión histórica y se equivoca en varios aspectos, como cuando atribuye a Aragón una condición que no posee, la de territorio foral, o cuando establece que la bandera de Aragón no cede la precedencia a ninguna, incluida la de España. A punto de cumplirse el plazo para presentar el recurso, parece adecuado que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse y corregir una ley inoportuna y desatinada.