El PP recurrirá la próxima semana ante el Constitucional la ley de derechos históricos

El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados recurrirá la próxima semana ante el Tribunal Constitucional la ley 8/2018, de 28 de junio, de actualización de derechos históricos, la norma que aprobaron las Cortes, con el voto en contra del PP y C’s, a pesar de las objeciones que formularon tanto el letrado de la ponencia como el Estado respecto a su contenido. Los populares acudirán al Alto Tribunal en solitario y sin esperar a conocer la respuesta del Gobierno central, que debería haberse pronunciado ya sobre el contenido de una ley que, según el PP, "ataca" la soberanía y colisiona con el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española a través de artículos controvertidos y defectos formales. El Ministerio de Política Territorial confirmó este jueves que están a la espera del dictamen del Consejo de Estado, que debe estar listo antes del 8 de octubre, el día que finaliza el plazo para recurrir la controvertida norma aragonesa.

En la toma de consideración de la proposición no de ley impulsada por CHA, en junio de 2017, la diputada del PP Yolanda Vallés anunció ya que su grupo votaría en contra porque la propuesta "sobrepasa el Estatuto de Autonomía y la Constitución". Así lo advirtieron, también, desde los ministerios de Hacienda, Interior y Educación, que informaron desfavorablemente al conocer su contenido, en un escrito que remitieron al Gobierno de Aragón el 21 de julio de 2017.

Cuestionaron, en concreto, las disposiciones que hacían referencia a la financiación autonómica, porque podían afectar a la distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad; el retorno del "patrimonio exiliado y emigrado", porque podría colisionar con la titularidad pública o privada de los bienes, y el Archivo de la Corona, pues es competencia exclusiva del Gobierno central. La Dirección General de Patrimonio del Estado advirtió entonces de que el contenido resultaba "inconstitucional en su práctica totalidad" y "contrario al derecho derivado de los mismos" e Interior apuntó que en aquella proposición de ley subyacía "una ideología política que tiende a afirmar los derechos históricos de Aragón como previos a la Constitución (art. 4) y basados en un pacto bilateral entre Aragón y el Estado".

La futura norma buscaba "exprimir la potencialidad de autogobierno. Construir un país y construir derechos de la ciudadanía, fundamental en el ideario aragonesista", según defendió en la toma en consideración en las Cortes su impulsor, el diputado de CHA Gregorio Briz. Y recordó que daba respuesta "al punto 20 del pacto de investidura" por el que los nacionalistas contribuyeron a aupar a la Presidencia de la DGA al socialista Javier Lambán.

El PP presentó en julio una batería de preguntas en el Congreso, que hasta este jueves seguía sin respuesta. Requerían al Estado que aclarara si iba a presentar un recurso de inconstitucionalidad y cómo iba a explicar en la Unión Europea que una ley interna española, autonómica, sujeta el derecho europeo a los derechos históricos y forales de una región y le impiden modernizarse. Los populares han decidido pasar a la acción e interponer el recurso por su cuenta, cumpliendo así el anuncio que formuló su presidente regional, Luis María Beamonte.

Y toman la iniciativa sin contar con Ciudadanos, que también ha cuestionado la norma y ha manifestado su intención de recurrirla ante el Tribunal Constitucional. De hecho fue su portavoz en las Cortes, Susana Gaspar, la primera que afirmó que la ley de derechos históricos tenía visos de inconstitucionalidad. Pero para recurrirla ante el Alto Tribunal se necesita el respaldo de 50 parlamentarios, una condición que el PP está en disposición de cumplir y a la que no llegan los diputados de Albert Rivera. El PP recurrirá la próxima semana ante el Constitucional la ley de derechos históricos