El principal acusado del caso Plaza, el exgerente Ricardo García Becerril, ha establecido contactos con la Fiscalía Anticorrupción para ver si existe la posibilidad de pactar una confesión que ‘salve’ a sus hijas y su mujer –también acusadas– y reduzca la petición de 23 años de cárcel que ahora pesa sobre él. Según ha podido saber HERALDO, las negociaciones estaban bastante avanzadas, pero la recusación del magistrado Francisco Picazo ha obligado definitivamente a aplazar el comienzo de la vista y las partes van a continuar hablando "de forma más tranquila".

Para la Fiscalía Anticorrupción, García Becerril fue una pieza clave en el entramado que presuntamente provocó un agujero de 140 millones de euros en las cuentas de la sociedad pública. De hecho, son los negocios supuestamente ilícitos con el exgerente de Plaza y su familia los que van a llevar al banquillo a muchos de los 25 acusados del mayor proceso judicial contra la corrupción en Aragón.

La importancia de este testigo para desenmarañar toda la trama es la que ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a intentar negociar su confesión, ya que esta podría acarrear después muchas otras. Falta por saber hasta donde está dispuesta a ceder la acusación pública para lograr su objetivo, ya que además de la pena de cárcel pide para García Becerril 42 años de inhabilitación y 2,8 millones en multas.

Los abogados del exgerente de Plaza, José María Gimeno del Busto y José María Pabán, prefieren ser cautos y se han limitado a reconocer a este diario los contactos. En cualquier caso, parece que el acuerdo entre Fiscalía y su cliente pasa por la retirada o reducción significativa de los cargos que pesan sobre su mujer, Elena Planté Lacoma, y sus dos hijas, Patricia y Carolina García Plante. La primera se enfrenta a una petición de 9 años de prisión, mientras que para las otras dos se solicitan 5 y 2 años, respectivamente.

El fiscal José Grinda reconocía ayer a HERALDO que la prioridad de la Fiscalía Anticorrupción "es la recuperación de la mayor cantidad posible de dinero defraudado". Por ello, parece que será en la cuestión económica en la que insista la acusación pública durante la negociación con Becerril, al que la Policía intervino 415.180 euros en efectivo debajo de un colchón.

Dos acusados evitan la prisión

Todo apunta a que el tiempo que la Audiencia Provincial de Zaragoza dedique a resolver la recusación que Agapito Iglesias ha presentado contra el juez Francisco Picazo por "enemistad manifiesta" servirá para que muchos acusados sigan negociando con la Fiscalía Anticorrupción. Pero ya hay dos encausados que han puesto su firma sobre su confesión: se trata de el ingeniero y jefe de obras de la UTE Acciona-MLN Alejandro Viñuales Larraz (para el que se pedían 5 años y 10 meses de cárcel) y del empresario José Luis Margalejo (que se enfrentaba a 12 años y siete meses).

Alejandro Viñuales aseguró ante la Policía que sus superiores le pedían que firmara trabajos sin hacer comprobaciones ni preguntas, pero puntualizó después ante el juez instructor que siempre creyó que los documentos que le daban para estampar su rúbrica estaban basados en datos reales.

Según la Fiscalía Anticorrupción, José Luis Margalejo y su hermano Ramón –que sería uno de los que también está negociando un acuerdo– pagaron a Pulsar –empresa de las hijas de García Becerril– unas facturas irreales a modo de ‘peaje’ para poder conseguir después contratos en las obras de Plaza. Aunque negaron en su día cualquier actividad ilícita, parece que al menos el primero habría reconocido parte de los hechos.

El pacto –del que ya ha sido informada la Audiencia de Zaragoza– no evitará que estos dos acusados se sienten en el banquillo y contesten a las preguntas de, al menos, la Fiscalía. En cualquier caso, su acuerdo ha recibido ya también el visto bueno de los abogados de la DGA y Plaza y les evitará el ingreso en prisión.

Anticorrupción prefiere no dar los nombres de los acusados que están negociando hasta no cerrar los pactos, pero parece que entre estos también se incluiría Francho Chabier Blasco, contable de la sociedad Pulsar. Con quien niega la Fiscalía que haya habido algún contacto hasta ahora es con Acciona.