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Aragón

Guillén anuncia la comisión bilateral con el Ayuntamiento para antes del 15 de octubre

El diputado popular Miguel Ángel Lafuente ha achacado este retraso a que Lambán y Santisteve "no se pueden ni ver".

El presidente de Aragón, Javier Lambán, y el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, en la firma de la ley de capitalidad.
Reunión de Lambán y Santisteve
José Miguel Marco

El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha anunciado hoy que la Comisión Bilateral entre el Ejecutivo y el Ayuntamiento de Zaragoza se celebrará pronto, pero no el 27 de este mes, como ha pedido el alcalde, Pedro Santisteve, sino en una fecha que no ha precisado antes del 15 de octubre.

Será difícil convocar la reunión en la fecha propuesta por el alcalde, ha abundado, porque "no va a dar tiempo material" a preparar los documentos necesarios.

En una comparecencia en las Cortes solicitada por el PP para explicar la aplicación de la ley de Capitalidad a diez meses de su entrada en vigor, Guillén ha explicado que en el orden del día de esa reunión figurarán asuntos como la aprobación del reglamento de funcionamiento de la propia comisión bilateral, el visto bueno a la creación de la Comarca Central o la firma del convenio económico financiero con el horizonte de 2020.

También la adenda al convenio para el sellado del vertedero de Torrecilla de Valmadrid, la aprobación de los convenios para la aplicación del ICA para el impulso al coche eléctrico, y el convenio marco para el aprovechamiento de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar.

Guillén ha precisado que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene en su poder las propuestas del convenio económico financiero y el del ICA desde junio y el Ejecutivo autonómico "aún no ha recibido respuesta".

Durante su primera intervención, el diputado popular Miguel Ángel Lafuente ha lamentado que la Comisión Bilateral no se haya reunido aún, algo que ha achacado a que el presidente aragonés, Javier Lambán, y el alcalde "no se pueden ni ver" y "están dejando que en la gestión de las instituciones influyan los sentimientos de quienes las gestionan".

Ese es, a su juicio, el motivo por el que esta ley está "atascada" y que solo haya servido, a su juicio, para que el Ayuntamiento recibiera ocho millones de euros del Gobierno de Aragón nada más firmarla y para que Santisteve diera un "auténtico golpe" en las sociedades municipales, modificando su composición para darle a Zaragoza en Común mayoría en los consejos de administración de las mismas.

El artículo que permite esta modificación, el 14.1.u, está recurrido ante el Tribunal Constitucional, y si lo es o no, ya lo dirimirá este órgano, ha precisado Lafuente.

También ha lamentado que estos diez meses nada se ha hecho acerca de aplicar las competencias que le otorga la ley al Consistorio, relacionadas, entre otras cosas, con la ordenación territorial, el urbanismo, el patrimonio cultural, la dependencia, la vivienda, las políticas de igualdad o la infancia, según Lafuente.

Además, el diputado popular ha censurado de nuevo la forma de tramitación de la ley, que le produjo "vergüenza ajena" porque supuso un trámite "escandaloso" y un verdadero "bochorno democrático", al despachar sin aprobar ninguna más de cien enmiendas de los Grupos Parlamentarios en quince minutos.

Guillén ha defendido que el texto llegó a la Cámara tras un acuerdo previo entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, y ha achacado las críticas del PP a una "rabieta" por haber sido incapaces los populares de sacar adelante la norma en los años en los que gobernaron.

Lo más importante de la ley, le ha explicado a Lafuente, no son los ocho millones que ha recibido el Consistorio, sino el reconocimiento de la autonomía de la capital de Aragón y de su singularidad y el establecimiento de mecanismos de colaboración bilateral.

Para Maru Díaz, portavoz de Podemos, el Gobierno de Aragón no ha hecho todo lo que estaba en su mano para conseguir que el presidente de España, Pedro Sánchez, retirara el recurso ante el TC que impulsó el anterior jefe del Ejecutivo nacional, Mariano Rajoy, quizá por su escasa "capacidad de interlocución".

Ha defendido que sí se están aplicando algunos preceptos de la ley, pero que otras no es posible llevarlas a cabo hasta que se reúna la bilateral y se firme el convenio económico-financiero.

Por el PAR, María Herrero ha lamentado especialmente la tramitación de la ley, que ha calificado de "vergonzosa", mientras que Susana Gaspar, de Ciudadanos, ha dicho que la norma es "un fiasco" y ha lamentado que las relaciones entre las dos principales instituciones de Aragón sean "tirantes por no decir malas".

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