El PSOE tiene pendientes la renta básica y la reducción de altos cargos que prometió en 2015

Ocho meses tiene el PSOE para dar respuesta a los compromisos que asumió con sus socios de investidura que aún siguen pendientes, entre los que figuran la renta social básica, la reducción de altos cargos y la nueva ley de Función Pública. CHA, que se integró en el Gobierno de Aragón, Podemos e Izquierda Unida dieron a Javier Lambán la presidencia del Ejecutivo autonómico y han avalado su continuidad, ayudándole a sacar adelante tres presupuestos consecutivos, 53 leyes y proyectos sociales. Pero cuando la legislatura toca a su fin, llega la hora de hacer balance y hay cuestiones básicas que siguen en el aire.

La socios de investidura mantienen posturas divergentes a la hora de valorar el cumplimiento de los acuerdos. El portavoz del PSOE en las Cortes, Javier Sada, realiza un balance "muy satisfactorio" por el "elevadísimo grado de eficacia y cumplimiento tanto del programa electoral como de los pactos de investidura". Pero la podemista Maru Díaz no lo ve así y denuncia, de entrada, que el decálogo de apoyo a Lambán debía ejecutarse en los tres primeros meses de Gobierno, y no se cumplió. Tampoco espera grandes avances antes de que los aragoneses vuelvan a las urnas el 26 de mayo de 2019. Para Gregorio Briz, diputado de CHA, también hay cuestiones pendientes: la ley de montaña, la reforma de la ley electoral, infraestructuras, el nuevo sistema de financiación autonómica y el "necesario apoyo" a las cuencas mineras.

Considera Maru Díaz que dar respuesta a los compromisos asumidos no es cuestión de tiempo sino de voluntad. Y cita a modo de ejemplo la reducción de altos cargos. "De inicio se cumplió, pero han sido tramposos y, cuando nos hemos dado cuenta, han empezado a recolocar a gente y a aumentar los sueldos", replica la podemista. En estos momentos hay 75 altos cargos, la misma cifra del Gobierno que lideró la popular Luisa Fernanda Rudi.

La prioridad, las personas

En los tres años de legislatura, el Ejecutivo PSOE-CHA ha intentado priorizar a las personas y revertir los "brutales recortes del PP en educación, sanidad y dependencia", recuerda el socialista Javier Sada. Las cifras económica le dan la razón: el gasto social se ha disparado un 25%, con 700 millones de euros más que hace cuatro años. Al inicio de la legislatura se aprobaron, también, importantes normas de contenido social, como la de pobreza energética y la de emergencia social, aunque parte de su contenido esté cuestionado por invadir competencias de Estado. Pero Maru Díaz recuerda que otras leyes importantes, como la de Vivienda y la de Función Pública, aún siguen pendientes. Y la de renta básica, que para la podemista es "la gran decepción" del mandato de Lambán. Las esperanzas de la formación violeta residen en que salga adelante este mismo año su proposición de ley de apoyo a los trabajadores autónomos.

Con grandes esfuerzo ha conseguido sacar adelante el PSOE, con un Gobierno en minoría, tres presupuestos consecutivos y 53 leyes, gracias al apoyo de la izquierda y aceptando concesiones. Con críticas del centroderecha por utilizar el ‘rodillo’ en sus enmiendas a las cuentas autonómicas, Podemos e IU comprobaban, año tras año, cómo sí se aceptaban sus modificaciones. "La aritmética es la que es", ha recordado Nacho Escartín, secretario general de Podemos Aragón, en reiteradas ocasiones.

Pero a los socialistas también les salen las cuentas mirando hacia el centroderecha. Así ha ocurrido con la reforma de Sucesiones, que abrió la caja de los truenos y a punto estuvo de costarle un divorcio político al Ejecutivo PSOE-CHA con sus ‘socios’ de la izquierda, a los que vuelve a recurrir ahora para intentar sacar adelante el último presupuesto de la legislatura. Los podemistas, en vista de lo que ocurrió con el decálogo para la investidura, decidieron fijar acuerdos puntuales para dar su apoyo a cada presupuesto. Parece difícil que avalen las últimas cuentas de Lambán si antes no se modifica el Impuesto de Contaminación de las Aguas, una reforma que contemplaría que el Gobierno de Aragón asuma a fondo perdido la rebaja a los contribuyentes, que podría llegar a los 12 millones de euros (la recaudación asciende a 69 millones),

La legislatura ha estado marcada por la intensa relación que se ha vivido entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Para lo bueno y para lo malo. PSOE-CHA necesitaba el apoyo de Podemos para sacar adelante las cuentas autonómica; ZEC, el de PSOE y CHA para las municipales. Y en este contexto se consiguió que viera la luz al fin, con el apoyo de la izquierda, la ley de capitalidad, ahora recurrida ante el Tribunal Constitucional porque el alcalde Pedro Santisteve utilizó el artículo 14.1.u), suspendido de forma cautelar, para dar el golpe en las sociedades municipales.

También podría acabar ante el Alto Tribunal la Ley de Actualización de Derechos Históricos, una de las exigencias de CHA, cuyo contenido fue cuestionado por el Gobierno central.