La cumbre contra la despoblación reclama un acuerdo "multilateral" para la financiación

Aragón, Galicia, Asturias, las dos Castillas y La Rioja rechazan pactos puntuales con autonomías.

Los presidentes, en el edificio Pignatelli
La cumbre contra la despoblación reclama un acuerdo "multilateral" para la financiación
José Miguel Marco

"Todos los españoles tienen los mismos derechos, con independencia de dónde vivan". A este artículo de la Constitución (el 139.1) apelaron ayer los presidentes de Aragón, Galicia, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez una reforma de la financiación autonómica que tenga en cuenta el coste real de la prestación de los servicios. Reclamaron, además, que el nuevo modelo nazca de un acuerdo "multilateral" en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y exigieron al Ejecutivo que excluya pactos puntuales con autonomías que afecten a los ingresos de las demás (en referencia a  Cataluña. País Vasco y Navarra). Los responsables de las seis comunidades que se reunieron ayer en Zaragoza urgieron, también, la ‘Estrategia Nacional frente al reto demográfico’ y solicitaron que el nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea, para el periodo posterior a 2020, incluya la despoblación como uno de sus desafíos.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, calificó de "éxito indiscutible" la declaración pactada con sus homólogos de Asturias, Javier Fernández; Galicia, Alberto Núñez Feijóo; Castilla y León, Juan Vicente Herrera; Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y La Rioja, José Ignacio Ceniceros. Tres del PP y tres del PSOE que representan a una ‘España vacía’ que está dispuesta a dar la batalla por una financiación más justa. Porque su voz, a pesar de concentrar el 52% del territorio, no se escucha. "Al ser pocos, somos poco relevantes en los ámbitos donde se adoptan las decisiones del país", reconoció Lambán.

Pero son también autonomías de "acreditada lealtad constitucional" a las que el autogobierno "les ha sentado bien, frente a la "letanía" de los nacionalistas periféricos, sentenció Lambán. Y como un territorio que se vacía es un territorio que desaparece, la cumbre contra la despoblación aprobó una declaración que, según señaló el presidente aragonés, quiere tener un "carácter positivo, constructivo y no va contra nadie, y menos contra los sucesivos gobiernos estatales". Pero vuelve a abrir la caja de los truenos. La declaración que remitirán a Pedro Sánchez recoge la "necesidad perentoria de defender como prioritaria la definición del nuevo modelo de financiación autonómica, una cuestión que debe abordarse de forma inmediata". Aunque Sánchez ya dejó claro que para él no es prioritario en su discurso durante la moción de censura a Mariano Rajoy por falta de apoyos y de tiempo.

El presidente de Aragón resaltó que, con esta declaración, "construyen la España de acuerdo con la Constitución" y "ayudan al Gobierno a resistir las presiones de otras que, en caso de prosperar, además de quebrantar la cohesión aumentan las brechas entre los territorios". De ahí que insistieran en que la reforma se aborde a través de un acuerdo "multilateral", aunque ya se han dado pactos puntuales con autonomías al margen del resto. Ocurrió en Valencia, cuando Hacienda logró que cambiara de la abstención al voto a favor de la nueva senda de déficit tras conseguir 850 millones extra.

La declaración expone, además, que el Estado debe abonar a las comunidades en 2019 los 2.500 millones de la mensualidad del IVA_que no se ingresó en 2017 por un cambio en la gestión del tributo.

Propuestas para la reforma

Las seis comunidades reclaman que se garantice la prestación de servicios en niveles similares en todo el país, que se potencie el principio de suficiencia, que ninguna autonomía empeore sus ingresos actuales y que el cálculo contemple la orografía, la superficie, la dispersión, la baja densidad y el envejecimiento, porque suponen un sobrecoste para los territorios más despoblados.

También quieren que se asegure que las autonomías con retos demográficos podrán acceder a fondos de cohesión, una cuestión que de momento no se contempla en el nuevo marco financiero plurianual de la UE que publicó su propuesta para el periodo 2021-2027 el pasado mes de mayo.

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