La magistrada Carmen Rodríguez-Médel, titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, ha sobreseído provisionalmente las diligencias abiertas sobre varios casos de secuestros virtuales realizados desde Chile, entre los que hay dos víctimas aragonesas. La juez, que se ocupa también del caso Máster sobre el presidente del PP Pablo Casado, ha decidido el archivo porque se ignora la identidad de los miembros de la banda chilena que cometieron los delitos entre 2016 y 2017, en Madrid y Zaragoza.

La rápida actuación de la Policía Nacional en la capital aragonesa en enero de 2017, que envió a dos agentes al país andino, permitió arrestar en Santiago de Chile a una mujer que acababa de cobrar parte del rescate que exigió a un aragonés. Mientras a un zaragozano le llegaron a reclamar 10.000 euros haciéndole creer que tenían secuestrado a su hijo

–cantidad de la que pagó una pequeña parte–, a una mujer en Zaragoza le estafaron 6.000 por otro familiar.

El sistema de los falsos secuestros se urdía en la cárcel de Colina, cerca de la capital chilena, donde había un grupo de presos encargados de hacer las llamadas intimidatorias a víctimas en España. La Policía chilena investigó la colaboración de funcionarios de la prisión por si facilitaban tarjetas telefónicas a los internos.

Guillermo Royo, abogado de uno de los zaragozanos, ha recurrido el archivo ante la juez y la Audiencia de Madrid, que es donde acabará el proceso. Detalla que en las diligencias hay dos personas identificadas (Solange Verónica Fernández Catalán y Teixa Mignon Molina Gutiérrez) dedicadas a recaudar el dinero procedente de estos delitos.

La Fiscalía de Madrid no ha mostrado su intención de recurrir la decisión de la magistrada, quien argumentó que cabría la posible "reapertura" de las diligencias"si llegara a conocerse la identidad de los denunciados".

"No se puede negar que, al menos, se produjo la detención de una mujer en Santiago de Chile después de recibir parte del dinero del secuestro virtual. Aparece su nombre en las diligencias como integrante de la organización criminal con víctimas españolas y creo que es motivo suficiente para no archivarlas", argumentó el letrado.

De Zaragoza a Madrid

El asunto llegó al Juzgado de Instrucción 51 de Madrid porque antes de que se produjeran las dos estafas de Zaragoza y otras que no fructificaron había más denuncias en la capital de España. Se abrieron antes las diligencias en Madrid y absorbieron los casos aragoneses.

Pero el devenir del proceso provocó que una de las víctimas de Zaragoza llegara a presentar una queja ante Consejo General del Poder Judicial por no recibir información respecto a las diligencias. Durante medio año no recibió ni copias aunque se había personado en la causa.

Las denuncias se multiplicaron y se acercaron a las 200 en toda España en 2017, si bien en 2016 se llegaron a detectar hasta 969 llamadas simulando secuestros, y de ellas, se efectuaron pagos en un 4,3% de los casos, que sumaron unos 41.000 euros.

Esta nueva forma de delito provocó que la Policía pusiera en marcha una campaña en las que informaban de que las llamadas eran"muy agresivas y directas" que procedían de Chile, con números ocultos o del prefijo 0056, e intentaban provocar angustia y bloqueo emocional para hacer las entregas de dinero rápido a través de oficinas de Correos u oficinas bancarias.