Los presidentes de Aragón, Javier Lambán; Castilla y León, Juan Vicente Herrera; Galicia, Alberto Núñez Feijóo; Asturias, Javier Fernández; Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y La Rioja, José Ignacio Ceniceros, acaban de iniciar la reunión en la que pactarán solicitar al Gobierno de España que el reparto de fondos de la financiación autonómica se ajuste al coste real de la prestación de servicios. La ‘España vacía’, la que concentra el 52% del territorio español y solo al 21% de la población, quiere, además, que la despoblación se incluya, además, como un factor determinante a la hora de captar ayudas de la Unión Europea. Los presidentes solicitarán, además, que el Gobierno central asuma el déficit de los 2.500 millones de euros que dejarán de ingresar las autonomías por la liquidación de solo once meses de IVA el pasado ejercicio.

Los cien días de gracia de Pedro Sánchez a cargo de la Presidencia del Gobierno central han pasado, y al frente común que constituyeron en febrero Aragón, Castilla y León, Asturias y Galicia para exigir la reforma de la financiación autonómica se suman ahora La Rioja y Castilla La Mancha. Su objetivo es que se modifique el reparto actual de fondos que mantiene, como parámetros principales, el Producto Interior Bruto y la población. Estas seis comunidades sostienen que garantizar la educación, la sanidad y la dependencia en sus territorios se encarece por culpa de la dispersión y del envejecimiento de la población. Y las cifras les dan la razón: un alumno de una escuela de Teruel le cuesta al Gobierno aragonés 5.000 euros más al año que el estudiante de un colegio de Zaragoza capital.

A pesar la intención de Sánchez de aparcar el debate de la financiación autonómica por falta de apoyos y de tiempo, incluso autonomías socialistas exigen que se replantee el modelo actual tras acumular años de déficit en los que los fondos asignados no cubren el dinero invertido. Como ocurre en Aragón, donde el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, insta a diseñar un nuevo modelo que aporte un "equilibrio territorial" a través de un reparto "solidario y que ayude a cohesionar el territorio".

La España vacía suma 4.463 municipios, el 55% del total nacional, pero pocos votos y rédito electoral, factores que la llevaron a perder la batalla contra la España periférica y central, la gran beneficiada en el reparto que se acordó en julio de 2009, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

De la reunión de presidentes se espera que salga adelante, además, una declaración institucional para instar al Gobierno central a que asuma la minoración de 2.500 millones en ingresos que sufrirán las comunidades de régimen común (todas menos País Vasco y Navarra) por un cambio en la gestión del IVA. Si, finalmente, no se aporta a las comunidades el 50% de la liquidación de diciembre de 2017, Aragón podría ‘perder’ entre 70 y 100 millones de euros.

Las seis comunidades quieren plantear que los 2.500 millones se asuman como deuda exclusivamente de la Administración del Estado y nunca de las propias autonomías, pues la ley de Estabilidad Presupuestaria las obligaría a realizar ajustes en una medida similar.

En su lucha contra la despoblación, las seis comunidades miran también a Europa, y exigen que el reto demográfico sea reconocido por el Comité Europeo de las Regiones y figure en el nuevo marco financiero plurianual para los 28 para el periodo 2021-2027, que se aprobará definitivamente en 2019. Aragón logró en febrero que se asuma que las Inversiones Territoriales Integradas (ITIs), los instrumentos de la política de cohesión de la UE, requieren una dotación económica mayor y estable para sus programas operativos, una petición que hoy harán propia las demás comunidades que disponen de ellos.

Distinto signo político

El encuentro que se celebra en el edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, demuestra que es posible unir a comunidades autónomas de distinto signo político cuando se busca combatir un problema de envergadura como la despoblación y pedir un reparto de fondos más justo. Tres de los presidentes que acuden a Zaragoza son del PP, el gallego Alberto Núñez-Feijóo, el riojano José Ignacio Ceniceros y el castellano y leonés Juan Vicente Herrera. Y los otros tres socialistas, el aragonés Javier Lambán, el asturiano Javier Fernández y castellanomanchego Emiliano García-Page, si bien comparten, además de las siglas, el haber sido los barones más críticos con Pedro Sánchez, antes de que prosperara la moción de censura que le dio la Presidencia del Gobierno.