Pedro Sánchez aprueba en infraestructuras en Aragón, pero suspende en financiación y en minería
Los cien primeros días de Gobierno dejan en el aire la térmica de Andorra y un reparto equitativo de los fondos entre las autonomías.
Muchas sombras y algunos claros se vislumbran en Aragón de los cien primeros días del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que dejan casi sentenciada la central térmica de Andorra, con los 4.000 empleos indirectos que dependen de ella, mientras dan un impulso casi decisivo al tramo ferroviario Zaragoza-Teruel-Sagunto al solicitar a la Unión Europea su inclusión como ramal prioritario en la financiación de 2021 a 2027. No ha visitado la Comunidad el presidente del Gobierno en este tiempo, y aún sigue pendiente la reunión en la Moncloa con el responsable de la DGA, Javier Lambán. Y una de las principales reivindicaciones hasta ahora en la Comunidad, la reforma del sistema de financiación autonómica para que se tenga en cuenta el coste efectivo de la prestación de los servicios, no saldrá adelante esta legislatura por falta de tiempo y de apoyos en el Congreso, con un Gobierno en minoría que solo controla 84 de los 350 escaños.
Pronto llegó el primer sobresalto a la Comunidad. El 8 de junio, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, confirmó su intención de acelerar la descarbonización de España. Y sonaron las alarmas en el Bajo Aragón, al ver en peligro 580 puestos de trabajo directos y 4.000 empleos indirectos. El Gobierno aragonés, también socialista, pronto mostró su oposición y sigue advirtiendo de que "no admitirá el cierre" previsto para 2020. Pero su futuro es tan negro como el carbón, y el Ejecutivo de Sánchez aún no ha sido capaz de concretar cómo reactivará la economía en las cuencas mineras.
Difícil será también, prácticamente imposible, que se aborde la reforma del sistema de financiación autonómica esta legislatura. Y el déficit que lleva años acumulando Aragón irá a más. Los siete partidos de las Cortes, PP, PSOE, Podemos, PAR, Cs, CHA e IU, se unieron para defender una financiación autonómica que tenga en cuenta el coste real de los servicios en una autonomía como la aragonesa, donde se encarecen por la dispersión y el envejecimiento de la población.
La Comunidad se daba, mientras, algunas alegrías. La principal, los 136 millones que logró el PAR, vía enmiendas, para mejorar las inversiones previstas en los presupuestos del Estado, a pesar del voto en contra del PSOE. Y el desbloqueo de la A-68 entre Fuentes de Ebro y Valdealgorfa con la aprobación el 20 de agosto, tras diez años de tramitación, de la Declaración de Impacto Ambiental que permitirá empezar a licitar los proyectos de los seis tramos del trazado de 88,5 kilómetros por 580 millones de euros.
Porque es el área de Infraestructuras el que más avances ha registrado en estos cien días de Sánchez. El gesto más importante ha sido el frente común que han constituido Fomento, Aragón y Comunidad Valenciana para que Europa financie, como ramal prioritario, el tramo ferroviario Zaragoza-Teruel-Sagunto. La votación definitiva tendrá lugar el 25 de octubre en Estrasburgo.
La ministra Ribera, promotora de la descarbonización, sí garantizó, en beneficio de Aragón, la seguridad "técnica y legal" del recrecimiento de Yesa, y encargó un nuevo informe para ratificarlo. También se han registrado tímidos avances en la lucha contra la despoblación con muchas reuniones y pocas medidas concretas.
El ministro de Cultura, José Guirao, volvió a poner de actualidad las pinturas de Sijena, aún en el MNAC, asumiendo los argumentos catalanes y mostrándose a favor de no trasladar las obras hasta que la sentencia sea definitiva. Su objetivo era garantizar su "seguridad", obviando que ya se han sometido a seis traslados.
Y mucho más de cien días lleva Pedro Sánchez sin visitar Aragón, y su reunión con Javier Lambán aún está sin fecha. El secretario general de los socialistas aragoneses se oponía a que su líder nacional asumiera la presidencia del Gobierno con el apoyo de los independentistas, como finalmente ocurrió, pero de la frialdad inicial se viró a gestos de acercamientos y colaboración.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez es el que más altos cargos de procedencia aragonesa ha sumado en los últimos años a pesar de la dimisión de Concepción Pascual, la exdirectora de Trabajo que dimitió por dar el visto bueno a un sindicato de prostitutas, denominado Organización de Trabajadoras Sexuales.
