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Opinión

Porque lo digo yo

Las declaraciones de la consejera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, en las que aseguraba que no autorizará la salida de las pinturas de Sijena del MNAC "por más que lo diga un juez", suponen una negación del Estado de derecho.

Marisancho Menjón 05/09/2018 a las 05:00
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Recién aterrizada en su cargo de consejera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs aseguró, en entrevistas concedidas a distintos medios, que no autorizaría la salida de las pinturas de Sijena que hoy se conservan en el MNAC "por más que lo diga un juez". Cualquier demócrata se lleva las manos a la cabeza al leer semejante cosa, pues supone lisa y llanamente una negación del Estado de derecho. Negarse a cumplir las resoluciones judiciales es tanto como negar la autoridad de la justicia, es una actitud profundamente antidemocrática que sienta un precedente de afilado peligro: imaginen cómo sería un país en el que las sentencias judiciales se quedaran sin cumplir, o en el que las decisiones políticas estuvieran por encima de los tribunales.

Declaraciones semejantes hizo ya su antecesor en el cargo, Lluís Puig i Gordi. Recuerdo un titular de ‘El Punt Avui’ el 31 de julio del año pasado, el día en que expiraba el plazo marcado judicialmente para la entrega a Sijena de las 44 piezas que debía devolver el Museo de Lérida: "Las piezas no saldrán del Museo de Lleida mientras yo sea conseller", afirmó. Porque lo digo yo, porque mis decisiones están por encima de las que dicten los tribunales, podría haber añadido, pues eso es lo que significaban sus palabras.

Son afirmaciones, las de ambos consejeros, de una increíble irresponsabilidad en un cargo público. Ante ellas, palidecen otras que, sin embargo, no quiero dejar de mencionar porque deberían, como mínimo, avergonzar a la actual titular de Cultura de la Generalitat. Declara la señora Borràs que "arrancar los murales de Sijena" que se conservan en el MNAC "sería un atentado artístico", aunque sabe perfectamente que no hay que arrancar esas pinturas sino desmontarlas, pues están colocadas sobre soportes móviles; o que el 155 tuvo un papel "deshonesto y democráticamente indigno" en el conflicto por las obras de Sijena, cuando sabe perfectamente que el ex ministro Méndez de Vigo no autorizó la salida de esas obras del Museo de Lérida –que fue de hecho lo que provocó que el juez enviase a los técnicos aragoneses a recogerlas, auxiliados por la fuerza pública–; o que le preocupa el estado de conservación de las piezas en Sijena, cuando es o debería ser consciente de que en Lérida solo estuvieron conservadas con garantías desde el año 2007, pues en los casi cuarenta años anteriores no hubo museo digno de tal nombre que las preservase; o que "desde un punto de vista de la exposición, esas obras ni siquiera estén ahora en un espacio público", cuando es notorio que de las 97 piezas reclamadas, 90 no se expusieron nunca; o que la hipotética irrupción de las fuerzas de seguridad del Estado en el MNAC "para llevarse las pinturas" –recordemos que las fuerzas de seguridad no se llevan nada, solo protegen a los técnicos que envía el juez a hacerlo– sería "un delito", sin darse cuenta, tal vez, de que si ese caso llegara a producirse sería, precisamente, porque el delito lo habrían cometido los responsables de la Generalitat al no acatar una sentencia judicial.

Pese a todo, Laura Borràs confía en la justicia –no en la española, pues según ella "en España no hay cultura democrática", sino en la europea– para que se restituya "el govern legítim", que para ella es el que se fugó a Bruselas el año pasado. Me gustaría saber qué pensaría la consejera si la justicia española o la europea o tuvieran la misma opinión que ella, que ocupa un cargo público, acerca de la legalidad, si los jueces actuaran considerando que "lo que es legal no siempre es justo" o que "la desobediencia civil tiene una carga ética y un valor desde Gandhi y Rosa Parks", de forma que tomaran sus decisiones por consideraciones personales de carácter moral o ideológico, es decir, completamente arbitrario.





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