Todos los partidos políticos aragoneses coincidieron este domingo en reclamar al Gobierno central que adopte medidas y lleve a cabo más inversiones en las carreteras de su competencia para evitar ese goteo de víctimas mortales que no cesa. Además, desde la oposición reclamaron también a la DGA actuaciones de mantenimiento y conservación de la red viaria autonómica.

El portavoz socialista en las Cortes, Javier Sada, aseguró que «aunque falta mucho por hacer» se han logrado avances en obras que llevaban años de retraso con el PP como la Huesca-Siétamo y la A-68. Anunció que el presidente Lambán va a pedir la agilización y el desbloqueo de la A-68, la autovía Huesca-Jaca-Pamplona, el tramo del túnel a Balupor-Fiscal y el Congosto del Ventanillo. En cuanto a las vías autonómicas, afirmó que se ha priorizado «a las personas» y ahora es momento «de recuperar la inversión en infraestructuras que el Gobierno PP-PAR dejó «en mínimos históricos».

PP, PAR y C’s coincidieron en recordar que el presidente aragonés, Javier Lambán, dijo en su discurso de investidura que no se destinaría ni un euro a un kilómetro nuevo «mientras persistieran los problemas sociales», lo que, le reprocharon, ha conducido a «desatender» estas calzadas. A esta recriminación, Sada respondió que «no se puede defender un modelo fiscal que suprima todos los impuestos sin explicar qué gasto dejarán de hacer como consecuencia de ello».

Desde el PP, el diputado Javier Campoy instó al Gobierno de Pedro Sánchez a «ejecutar» el presupuesto que dejó Mariano Rajoy para Aragón en cuanto a infraestructuras «si no le viene grande gobernar». Con más fuerza arremetió contra la DGA por su falta de atención al viario y aludió a un estudio que sitúa a Aragón como la tercera comunidad con peores carreteras autonómicas y provinciales solo superada por Valencia y La Rioja.

Podemos repartió ayer por igual sus críticas entre el Gobierno español y aragonés, que «no pueden seguir dando largas y poniendo», afirmó la portavoz parlamentaria de esta formación, Maru Díaz. Asimismo, defendió la vuelta de las autopistas a manos públicas.

El presidente del PAR, Arturo Aliaga, dijo que el problema radica en que «no se ha gastado ni un euro en las carreteras autonómicas». Volvió a exigir que se ejecuten los 10 millones previstos en los Presupuestos del Estado para desviar el tráfico pesado por la AP-2 de Pina de Ebro a Fraga.

El diputado de Ciudadanos Jesús Sansó calificó de «ridículo» el gasto en el gasto en las vías autonómicas en esta legislatura. Para la AP-2 instó a plantear una «propuesta más definitiva» que pasaría por aumentar su capacidad, adelantar el fin de la concesión (previsto en 2021) y dejar la N-II como una vía secundaria.

El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro (CHA), manifestó que «las carreteras no se han hecho viejas en tres años» y defendió la actuación de su Departamento. Puso como ejemplo que este año se va a terminar de intervenir en los 61 tramos de concentración de accidentes y se estudiarán los que han ido apareciendo desde 2016. Subrayó que los desdoblamientos de la N-232 y N-II y la liberalización de las AP-2 y AP-68 también redundarán en una mayor seguridad vial.

Desde IU, Patricia Luquin, subrayó que el «repunte» de los siniestros tiene que ver con «el mantenimiento de las infraestructuras». Su formación ha pedido datos por escrito a la DGA. Abogó por el rescate de las autopistas y los desdoblamientos.