Los dos abogados aragoneses que se dirigían a El Aaiún para asistir al juicio de un activista saharaui han regresado hoy a España, después de que las autoridades marroquíes les prohibieran entrar en el territorio, en una actuación que los letrados consideran "ilegítima y arbitraria".

Los juristas Ana Sebastián y Pablo Jiménez, que acudían como observadores internacionales a un juicio contra el activista saharaui El Fak Khalihenna, han llegado esta tarde a Zaragoza, donde han explicado a los medios que es la primera vez que las autoridades de Marruecos les niegan el acceso para ejercer una labor jurídica en garantía de los derechos humanos.

"Al llegar a El Aaiún no se nos ha permitido bajar del avión por parte de unas personas que se han identificado como autoridades locales. Hemos sido devueltos hasta Casablanca, donde nos esperaban otros miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes, que nos han expulsado y devuelto a Madrid", ha relatado Jiménez, a su llegada a Zaragoza junto a la vicepresidenta del Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental.

Para el letrado, las razones que las autoridades les expusieron verbalmente eran contradictorias y sin base jurídica. Y ha defendido: "El motivo que hay detrás de imposibilitarnos ir al juicio es impedir que haya testigos de cómo se enjuicia a estas personas activistas en la defensa del pueblo saharaui".

Según estos abogados, que han asistido durante los dos últimos años a decenas de juicios de esta índole, es la primera vez que se les impide la entrada por el motivo de falta de una comunicación previa.

El abogado ha manifestado que, más allá de la afección de sus derechos como observadores internacionales, la actuación de las autoridades marroquíes supone "una vulneración flagrante de los derechos del acusado a un juicio justo".

El encausado, activista por los derechos del pueblo saharaui, que ya había cumplido una condena anteriormente de un año y medio de prisión -ha explicado el portavoz- se enfrentaba esta mañana a un juicio penal después de haber sido detenido el pasado 18 de agosto cuando volvía de participar en unas actividades de la Universidad de Verano en Argel (Argelia).

Todavía a la espera de sentencia, el abogado ha relatado que han recibido comunicaciones de activistas de El Aaiún en las que explicaban que tampoco han tenido acceso a la vista, mientras que alguno de ellos han denunciado que habían recibido maltrato por parte de las fuerzas policiales.

"El asunto es que nuestra labor de defensa de los derechos humanos está relacionada con el derecho fundamental a un juicio justo, no se puede esgrimir un motivo formal como la ausencia de una comunicación para vulnerar un derecho fundamental, no tienen base jurídica ninguna", ha criticado Jiménez.

Para el observador internacional, esta actuación "ilegítima y arbitraria" en esta ocasión solo les ha salpicado, mientras que ha denunciado que "quienes las padecen estructural y sistemáticamente en el territorio son los defensores del pueblo saharaui".

Después de estos acontecimientos, los dos abogados van a dirigir una comunicación al Consejo General de la Abogacía Española para solicitar amparo y pedir que actúe en consecuencia en "la protección de este tipo de labor en defensa de los derechos fundamentales".

Asimismo, enviarán una comunicación que explique lo sucedido a la Relatoría específica que existe en Naciones Unidas para la protección de los defensores de los derechos humanos.