La lista de espera para valorar los casos de dependencia se dispara un 67% en dos años

El número de personas que esperan a ser valoradas para acceder a las ayudas a la dependencia se ha disparado un 67,2% esta legislatura en Aragón. El último dictamen del observatorio de la dependencia de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales revela que en 2015 había 4.130 y que en 2017, último año del que se tienen datos, se alcanzaron las 6.907.

El colectivo confirma en su dictamen que el número de personas que esperan a ser valoradas ha aumentado exponencialmente desde 2012, año en que se contabilizaron 950. Las cifras siguen aumentando desde entonces y solo entre 2016 y 2017 experimentaron un ‘salto’ de más de 2.200 personas hasta rozar las 7.000.

A estas últimas hay que sumar otras 6.599 que actualmente tienen reconocido el derecho pero no perciben ningún servicio o prestación, un ‘limbo’ que, como admitió en junio el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Joaquín Santos, queda aún lejos del umbral de normalidad, que no se alcanzará hasta que la lista de espera baje a unas 4.000 personas.

El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales achaca la demora que sufren los 6.599 aragoneses ya valorados y sin prestación a que en esta legislatura se han agilizado los trámites y se ha incrementado la demanda. También, como explicó en junio la consejera del ramo, María Victoria Broto, a la necesidad de más presupuesto y al funcionamiento del propio sistema, que requeriría de más recursos humanos para agilizar la gestión.

Fuentes del Departamento señalaron este jueves que Aragón ha pasado de ser la Comunidad con mayor lista de espera a estar en el décimo puesto del ranquin nacional en cuanto a porcentaje. Recordaron, asimismo, que durante el mandato del PP más de 14.000 personas aguardaban una ayuda.

Cruce de acusaciones

Las ayudas a la dependencia provocaron este jueves un tenso cruce de acusaciones entre PP y PSOE. Los populares culparon de la "paralización" de las valoraciones al Gobierno PSOE-CHA, al que acusaron de "hacer trampas" y "maquillar las cifras". También arremetieron contra el "conformismo" de Lambán. La portavoz de Asuntos Sociales del PP en las Cortes, Ana Marín, aseguró que la DGA está frenando a propósito las valoraciones para que estas personas no figuren en lista de espera. "Así, las cifras le salen redondas", manifestó.

También cargó contra el plazo de resolución, que en ocasiones "se va a los 14 meses", y contra el incremento "prácticamente escaso" que registra el número de dependientes de grado III (los que más dinero reciben) frente al aumento "significativo" de los de grado I, que perciben unos 40 euros. "Es muy fácil presumir de prestaciones si estas son de 40 euros y se oculta que las de 800 euros están paralizadas", expuso Marín.

En respuesta, el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales aseguró que las valoraciones de grado II y III están un 2% y un 4% por encima, respectivamente, de la media nacional. Recalcó, en este sentido, que el número de personas atendidas alcanza ya las 27.548, prácticamente 11.000 más que al inicio de la legislatura.

El PSOE, por su parte, criticó "el cinismo" del PP y aseguró que "Aragón ha tenido suerte de que los populares no gestionen la dependencia esta legislatura", ya que ellos "solo pretendían fulminarla". "Con el Gobierno socialista se atienden nueve personas más cada día, mientras que con el PP se perdían cinco", afirmó la portavoz del PSOE en materia de Ciudadanía y Derechos Sociales, Pilimar Zamora, que calificó de "mentiras" y "demagogia" las acusaciones de Marín.

Populares y socialistas tampoco se pusieron de acuerdo al hablar de prestaciones y servicios. Para el PP, la diferencia entre el número de personas que reciben prestaciones por cuidar de familiares y quienes reciben el servicio de teleasistencia es "abismal" y "evidencia el incumplimiento de la ley por parte del Gobierno de Lambán". El Ejecutivo, en cambio, defendió que el número de plazas en centros de día se ha incrementado hasta las 1.534 y que las residenciales alcanzan ya las 3.966, un incremento superior al 13% respecto a 2015.