Ante la grave agresión a una profesional sanitaria a finales de junio, los médicos de Atención Primaria reclaman a la Administración medidas de seguridad  "urgentes y efectivas", como la colocación de cámaras de videograbación o la contratación de guardias de seguridad en todos los centros de salud. Aunque ya ha avanzado algunas propuestas, el sindicato de facultativos tiene previsto elaborar una batería de medidas para trasladarlas oficialmente a la administración después del verano.

Entre las ideas que los médicos de Atención Primaria han puesto sobre la mesa, destaca por ejemplo, un "sistema de aviso" a través del ordenador y del programa informático de los centros de salud. De esta manera, se podría avisar a otros compañeros o a los administrativos ante cualquier incidente dentro de la consulta.

Reclaman, asimismo, otro sistema de aviso o uno de localización individual cuando hagan las asistencias fuera del centro de salud. "Aunque lo idóneo es que se fuera de dos en dos a los domicilios, pero esto implicaría una ampliación de la plantilla importante", han reconocido desde el sindicato médico. También abogan por poner en marcha un registro de agresores al que tengan acceso los facultativos.

El pasado día 11 de julio hubo una primera reunión extraordinaria de la comisión sectorial de riesgos laborales, un órgano en el que participan sindicatos y Administración, y en el que se trató este tema. De momento, se acordó la creación de un grupo de trabajo el próximo septiembre para estudiar soluciones.

No obstante, según explicaron fuentes del sindicato, los servicios jurídicos de la Administración ya estarían estudiando la viabilidad de algunas de las medidas inicialmente planteadas para garantizar que no se pueda vulnerar ningún derecho de los pacientes.

Ya son autoridad sanitaria

Hay que recordar que desde el año 2013, los profesionales sanitarios están reconocidos como autoridad pública, con el objeto de "reforzar su autoridad, procurarles la protección y el respeto que les son debidos en el ejercicio de sus funciones y conseguir una adecuada convivencia en todos los centros del sistema".

Además, el anteproyecto de Ley de Derechos y Deberes de los Usuarios del Sistema de Salud en la Comunidad, elaborada por el Departamento de Sanidad, también prevé dar mayor protección al personal sanitario, de modo que se consideran faltas graves la resistencia, las faltas de respeto, las amenazas, los insultos, las represalias o cualquier presión contra ellos, pero también contra los pacientes o sus acompañantes. Se multarán aquellas actuaciones que no tengan consecuencias penales, al igual que en el caso de que se materialice la agresión. Las sanciones que plantean pueden oscilar entre los 30.001 y 600.000 euros.

Según datos del Departamento de Sanidad, el año pasado se denunciaron en Aragón 175 agresiones a personal sanitario, 125 de ellas verbales. Algunos facultativos han mostrado su preocupación por el incremento de estos incidentes en los últimos años.

La presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza, Concha Ferrer, explicó que desde el mes de junio, cinco facultativos habían comunicado al órgano colegial algún tipo de agresión. Tres de ellos han presentado una denuncia ante la Policía Nacional. La más grave, sin duda, fue la que sufrió la médico del centro de salud Univérsitas de Zaragoza el pasado 22 de junio. Un paciente la retuvo durante cuarenta y cinco minutos en una visita a su domicilio. El agresor, sin antecedentes psiquiátricos, fue detenido 48 horas después. El Departamento de Sanidad ha anunciado que se personará en la causa contra este individuo.

El inspector sanitario analizará cada centro

El jefe de la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional, Esteban Zorrilla, es desde el pasado mes de octubre el inspector policial sanitario que intenta frenar las agresiones al personal sanitario. Ofrece asesoramiento, canaliza las denuncias y funciona como punto de contacto entre los profesionales, los órganos colegiales y el Departamento de Sanidad.

Asegura que entre sus prioridades, está la de visitar todos los centros sanitarios y ver las peculiaridades y los problemas de cada uno de los equipos para proponer las posibles soluciones. "Estudiamos y vemos sus peculiaridades para después elaborar un protocolo de actuación", asegura Zorrilla.

El inspector jefe recomienda a los profesionales sanitarios que denuncien o comuniquen cualquier agresión y confía en que a pesar de la preocupación de los profesionales por esta cuestión, las agresiones no vayan a más. Mantuvo a finales de junio una sesión informativa en el Colegio de Médicos de Zaragoza en la que explicó a los presentes su trabajo y se puso a disposición de los profesionales.

Asegura que como inspector policial sanitario hará todo lo posible para ofrecer asesoramiento tanto a los profesionales como al Departamento de Sanidad sobre este asunto. "De momento, hemos visto muy buena disposición por parte de todos", subraya.

No considera mala idea alguna de las propuestas sugeridas por los facultativos, como la instalación de cámaras de seguridad en algunos puntos estratégicos de algunos centros sanitarios. "Estas funcionan en muchas ocasiones como sistemas disuasorios", añade Zorrilla, que recuerda que a nivel nacional ya funcionan otras herramientas como el ‘Alertcops’, que podría aplicarse también a los sanitarios. Con esta aplicación móvil se puede avisar directamente a la Policía Nacional. No obstante, admite en que no hay que precipitarse y hay que estudiar qué medida puede funcionar mejor en cada centro.