¿Debió usarse el censo de militantes socialistas elaborado en abril de 2017 o el de marzo de 2018? Esta fue la cuestión clave que centró la vista oral celebrada este martes para dirimir si se vulneraron o no los derechos fundamentales de 26 militantes de la agrupación Centro 1 de Zaragoza cuando votaron para renovar sus cargos en mayo pasado.

Durante más de tres horas estuvo el titular del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Zaragoza, Francisco de Paula Puig Blanes, escuchando los argumentos de una y otra parte y será quien estime o no las pretensiones de los demandantes, que no son otras que se repitan las votaciones. No obstante, el fiscal, en su casi única intervención, opinó que, a su juicio, no se quebraron los derechos fundamentales a la participación política en condiciones de igualdad.

El juez escuchó desde defensas encendidas de la demanda: "Las irregularidades detectadas son un laboratorio de pruebas para lo que puede pasar en las primarias", dijo el abogado de los agraviados; hasta rechazos en tonos más elevados: "La demanda es una falacia y su único interés es político", criticó el abogado que Ferraz envió a Zaragoza para oponerse a los demandantes.

El conflicto en esta historia surge tras la dimisión en abril de 2018 de Alfonso Gómez Gámez, director general de Energía y Minas, como secretario general de Centro 1. En ese momento todas las agrupaciones de Zaragoza estaban en pleno proceso de renovación de cargos y para votar utilizaban el censo de abril de 2017 proporcionado por la oficina de Atención al Militante de Ferraz.

Al dimitir, se creó una gestora formada por Francisco Compés, portavoz en la Diputación Provincial; Noemí Villagrasa, secretaria general técnica de Presidencia de la DPZ, y Martín Nicolás, secretario de Organización del PSOE-Zaragoza, para dirigir el proceso. Según los estatutos, tenían hasta 90 días para convocar la asamblea de renovación de cargos. Aun así, lo hicieron en dos semanas pero, de cualquier manera, ya estaban fuera del plazo del resto de agrupaciones y, por ese simple hecho la convocatoria ya no era ordinaria sino extraordinaria. De esta forma, cuando acordaron la fecha (4 de mayo) y pidieron a Madrid el censo, la oficina federal les envió el último elaborado en marzo que, a diferencia del de abril, contaba con 255 militantes, 33 más que el otro.

Maniobras y normas

Para los demandantes –afines a Florencio García Madrigal, aspirante a la candidatura para la alcaldía de la capital– esta maniobra provocó que ganara la lista encabezada por Alfonso Gómez Gámez. Su abogado, Juan Jiménez Asensio, reiteró que el PSOE-Aragón, contra quien va dirigida la demanda, ha incumplido sus propias normas. Resaltó que ni la gestora ni el presidente de la mesa, Luis Gómez, primo de Gómez Gámez, informaron a la asamblea de que el censo que se iba a usar no era el de abril de 2017 y tampoco lo hicieron constar en acta. El letrado destacó que, a estas alturas y a pesar de haberlo solicitado, el PSOE no lo ha presentado en el juzgado.

Igualmente, incidió en que los elegidos no deberían haber sido esos y que al usar una lista con 255 nombres el número de delegados nombrados fue de 6 y no de 5, como hubiera correspondido a una de menos de 250 militantes.

Mientras, tanto Francisco Compés como Noemí Villagrasa y Martín Nicolás defendieron ante el juez su papel como miembros de la gestora. Los tres coincidieron en que fue una asamblea "extraordinaria" y, por lo tanto, ya no estaban sujetos al plazo del resto de las agrupaciones, que había terminado el 30 de abril. "Madrid nos manda formar una nueva ejecutiva, pedimos un censo y y usamos el que nos envió el PSOE federal", declaró Nicolás. Los tres destacaron que los censos son algo "vivo" y que se producen altas y bajas a lo largo del tiempo.

El juez escuchó el testimonio de Jesús Lobera, director general del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), para que explicara por qué, como denuncian los demandantes, votó dos veces. Lobera precisó que no lo hizo "dos veces seguidas", sino que votó en febrero en la agrupación de Barbastro, a la que pertenecía entonces, y luego en abril en la de Zaragoza, en la que está inscrito desde marzo al cambiar de domicilio y trabajo.

Para el abogado de Ferraz, no se vulneró ningún derecho, los militantes pudieron presentar su lista, pudieron votar y se pueden presentar a las primarias. Destacó que no hubo ninguna reclamación durante la asamblea ni tampoco después.