La Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) carece de viabilidad financiera y depende de los fondos de su actual único socio, el Gobierno de Aragón. Así lo constata la Cámara de Cuentas, que en un duro informe de fiscalización de las cuentas de Plaza de los años 2013-2015 evidencia que la crisis redujo a la mínima expresión la venta de suelo, especialmente en 2014, «cuando los ingresos por este concepto no llegaron a alcanzar los 600.000 €».

Eso sí, apunta que en el 2015 se empezó a recuperar la actividad y entraron más de 20 millones, fundamentalmente por la primera de las grandes parcelas vendidas al empresario leridano José Lloréns.

El problema no solo reduce a que las operaciones con el Gobierno PP-PAR fueran testimoniales, sino que más del 76% del importe total corresponde a la que se pactó con uno de los socios de entonces, Ibercaja, para dotar a la empresa de liquidez, mantener el porcentaje de participación y cancelar un préstamo.

La radiografía no queda ahí, dado que detalla que la situación se vio agravada por la resolución de contratos suscritos antes de 2011, que ascendían a 25,8 millones.

La crisis también deterioró el valor de las existencias, hasta un 30,85% en 2015, «equivalente a 42,7 millones». Ante esta situación, los precios de venta se tuvieron que poner por debajo de su coste contable.

La Cámara de Cuentas señala que, aunque la mejoría se mantiene desde 2015, Plaza sigue dependiendo del «recurso constante al endeudamiento» con el Gobierno de Aragón, a través de su Corporación Empresarial. Hasta el punto de que ha sido la única solución para «salvar la situación de disolución legal», desde 2012 hasta 2016, en la que hubiera incurrido atendiendo solo a su actividad mercantil. El saldo vivo al cierre de 2015 ascendía a 145 millones.

Por todo ello, el informe concluye que Plaza ha carecido de viabilidad en los ejercicios analizados si se atenía a su actividad. Y lo que es peor, advierte de que la total» dependencia de la DGA para su viabilidad financiera se ha mantenido en 2016 pese a la reducción de la deuda y a la recuperación económica. «En 2017 se produce una cierta mejoría con la reactivación de la actividad propia de la empresa que ayuda a corregir la situación», añade.

El condicionante de los litigios

La Cámara de Cuentas resalta en su informe que los «numerosos litigios» que tiene en curso Plaza impiden fiscalizar en su integridad la actividad de la sociedad pública. Las operaciones afectadas, fundamentalmente el encargo de obras a las contratistas de la urbanización, no pueden ser objeto de examen «hasta que finalicen los procesos judiciales abiertos». En este sentido, apunta que la deuda de Plaza relacionada con estas operaciones ascienden a 23,8 millones de euros. «Su efecto patrimonial se desconoce en tanto no finalicen los procesos judiciales», añade.

Por otra parte, el órgano fiscalizador también ha analizado la actividad de las otras dos sociedades logísticas, Plhus y Platea, constatando también que su actividad ha sido «muy reducida».