En poco más de dos semanas, ya son medio millar de científicos de la Universidad de Zaragoza los que respaldan un manifiesto en el que se pide al Gobierno de España que excluya "urgentemente" la investigación de la nueva ley de contratos públicos. Esta normativa de carácter nacional está paralizando los proyectos ya que, entre otras cosas, prohíbe a la entidad académica gastar más de 50.000 euros anuales por proveedor, lo que complica las sencillas compras de reactivos y materiales imprescindibles para este tipo de trabajos.

La campaña de recogida de adhesiones, que se presentó públicamente el pasado 3 de julio, continuará hasta el mes de septiembre. Alberto Ainel, director del departamento de Bioquímica y uno de los impulsores de esta movilización, se muestra "satisfecho" de la respuesta obtenida y a final de verano espera que se superen ampliamente el millar de apoyos.

Aunque es difícil concretar la cifra de investigadores o proyectos afectados por esta situación, hay que tener en cuenta que en el campus aragonés trabajan unos 3.500 docentes o investigadores. En su última convocatoria, la DGA reconoció a 170 equipos investigadores de la Universidad.

Las cortapisas que están suponiendo la nueva ley de contratos públicos, que entró en vigor el pasado marzo, se analizaron ayer en una reunión del Foro para la Innovación y Mejora de la Contratación a la que asistieron algunos miembros de los precursores del manifiesto. Este órgano, que la institución académica creó en febrero de 2017, lleva a cabo un seguimiento de las contrataciones concernientes a servicios, obras o suministros externos para promover la inclusión de criterios de eficacia.

Postura de las universidades

El bloqueo en la investigación que está generando esta normativa nacional ha merecido también las críticas del rector del campus aragonés, José Antonio Mayoral, y de la consejera consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría.

Crue Universidades Españolas, asociación sin ánimo de lucro formada por más de 76 campus públicos y privados (entre ellos el de Zaragoza), ha solicitado al Gobierno español que estudie reformas legales que permitan crear un ámbito específico de aplicación de la ley para la investigación sin reducir el control y la eficiencia en el gasto. Como medida transitoria, solicitó una moratoria de la misma.