El Partido Popular registró este lunes en el Congreso cinco preguntas parlamentarias para conocer la postura del Gobierno central respecto a la Ley de actualización de los derechos históricos de Aragón que se aprobó en las Cortes, con el apoyo del PSOE, CHA, Podemos, IU y el PAR, el pasado 28 de junio. Así lo indicó este lunes el diputado por Zaragoza, Eloy Suárez, que avanzó que los servicios jurídicos del PP están analizando el contenido de la nueva norma para recurrirla ante el Constitucional si el Estado rechaza tomar la iniciativa.

Los populares quieren que el Estado aclare si va a permitir que se publique la nueva norma en el Boletín Oficial del Estado y si va a presentar un recurso de inconstitucionalidad. Las dudas sobre la legalidad de la ley de derechos históricos, que se aprobó con los votos en contra de PP y Ciudadanos, tienen su origen en la inclusión de artículos cuya legalidad se cuestionó en el informe de correcciones elaborado por el letrado de la ponencia y en el documento que el Gobierno central remitió al Ejecutivo PSOE-CHA y a las Cortes.

A estas advertencias hacen referencia, de forma indirecta, las preguntas parlamentarias: "¿Va a permitir que se sostenga que los derechos forales prevalecen sobre nuestra Constitución española?", "¿Va a permitir que se modifique el Estatuto de Autonomía de Aragón por medio de una ley autonómica que no pasa por las Cortes Generales?"

Respecto a los derechos forales, el letrado de las Cortes argumentó que, cuando se hace referencia a derechos históricos de territorios forales, el Tribunal Constitucional hace alusión "únicamente" al País Vasco y la Navarra. En su informe advierte, además, de que hay artículos de la nueva ley que modifican el Estatuto de Autonomía de Aragón.

Cuando tuvo conocimiento del contenido de la proposición de ley que se tomó en consideración en las Cortes, la Dirección General de Patrimonio alertó de que "resulta inconstitucional en su práctica totalidad y contraria a los tratados internacionales en los que se fundamenta la UE". Se refería, en este caso, al artículo 4.1 de la ley aragonesa que manifiesta que "los derechos históricos del pueblo aragonés son anteriores a la Constitución española y al Estatuto de Autonomía, que los amparan y respetan, así como a la legislación emanada de la Unión Europea. Al no emanar de ellos, han de ser respetados por las reformas que puedan afectar a esas normas".

El PP insta al Estado, también, a que aclare cómo va a explicar a la UE que "una ley interna española, autonómica, sujeta el derecho europeo a los derechos históricos y forales de una región y le impide modernizarse". Para finalizar, los populares preguntan al Gobierno de Pedro Sánchez si "va a permitir que se rompa el Estado de las autonomías sin reaccionar en defensa de la Constitución y de los españoles".

Tres meses tiene el Gobierno central para decidir si, finalmente, recurre la ley de derechos históricos aragonesa. Si no lo hace, el PP tiene previsto iniciar los trámites, para lo que precisa 50 diputados.