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Editorial

Ajena al sentir aragonés

La proposición de ley de Actualización de Derechos Históricos de Aragón, aprobada con los votos de PSOE, Podemos, PAR, CHA e IU, olvida que el fundamento jurídico de la autonomía es la Constitución y pretende burlar al Estatuto aragonés.

Actualizada 18/07/2018 a las 14:17
Ejemplar del Estatuto de Autonomía de Aragón.Heraldo.es

Ignorando el informe remitido por el Ministerio de la Presidencia en el que se advertía de su posible inconstitucionalidad y despreciando la casi totalidad de las recomendaciones del letrado de las Cortes regionales vinculado a su tramitación en comisión, la proposición de ley de Actualización de Derechos Históricos de Aragón logró ser aprobada con los votos favorables de PSOE, Podemos, PAR, CHA e IU. La Ley, que olvida que el fundamento jurídico de la autonomía es la Constitución, pretende burlar al Estatuto aragonés y concede alimento gratuito para aquellos que buscan retorcer el papel que Aragón desempeña en España.

Alimento gratuito para los nacionalismos extremos, la Ley de Actualización de Derechos Históricos de Aragón pretende, pese a su rango menor, enmendar al Estatuto de Autonomía, que nació de un amplio consenso parlamentario. Desde una mirada benevolente, el texto podría ser interpretado como el resultante de un descuido jurídico o de un pésimo quehacer político, aunque quizá todo sea producto de un acuerdo de cesión por parte del PSOE hacia sus socios, ignorando una cuestión mayor y negando, a su vez, sus deberes y obligaciones como partido de Estado. La nueva ley, en cuya tramitación ya se advirtió por parte del Ministerio de la Presidencia y del letrado de la Cortes regionales de su posible falta de encaje en la Constitución, fija una interesada reescritura ajena al sentimiento mayoritario de los aragoneses. Urge que el presidente Javier Lambán, que de forma reiterada ha insistido en el papel que desea que Aragón juegue en el conjunto de España –como uno de los principales garantes de su unidad–, aclare las razones y motivos por los que su partido ha secundado una norma que, ajena a su discurso público, no puede despreciarse como si de una cuestión trivial se tratase. Los muchos artículos contrarios al Estatuto de Autonomía obligan a revisar una ley que podría ser elevada al Tribunal Constitucional.





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