Con 3,6 millones de visitantes al año, Aragón quiere mantener y superar su posición como segundo destino turístico de la España interior, y para conseguirlo es clave que los turistas se vayan satisfechos. Con ese objetivo se aprobó hace dos años un plan de control programado, por el que, en lo que va de año, se han realizado 968 inspecciones que han supuesto la apertura de 57 expedientes de sanción. Los seis inspectores que vigilan los negocios turísticos han verificado, además, 41 denuncias presentadas por clientes insatisfechos por deficiencias en las instalaciones, el servicio o los paquetes contratados.

El control institucional se realiza en hoteles, apartamentos, hostales, pensiones, viviendas de uso turístico, agencias de viajes, restaurantes, bares, cafeterías, cámpines, albergues y refugios. También se certifica que las subvenciones concedidas por la DGA se destinan al fin para el que fueron solicitadas.

Hasta el 30 de junio de 2018, los inspectores han realizado 968 visitas de inspección, la mayoría de ellas (404) a viviendas de uso turístico, en las que se han analizado tres denuncias pero no se ha iniciado ninguna propuesta de sanción. De hecho, restaurantes (27), hostales (10) y hoteles (10) vuelven a concentrar las actas abiertas, seguidos de los bares (3), las cafeterías y las pensiones (2) y los apartamentos turísticos (1).

Para la directora general de Turismo del Gobierno aragonés, Marisa Romero, el objetivo es claro: «En materia de turismo no nos podemos permitir que todo valga, es necesario que si estamos promocionando calidad y buen servicio, estas expectativas que se crean en el futuro visitante se vean cumplidas».

Cuando se puso en marcha el primer plan, que se realizó en 2016 con 1.317 inspecciones, se decidió que cada ejercicio se destinara a unos objetivos concretos. El año pasado se centró en detectar servicios turísticos clandestinos y en supervisar el cumplimiento de las normas y el gasto de las subvenciones. En total se realizaron 1.375 inspecciones, se iniciaron 56 expedientes de sanción y se comprobaron 89 denuncias de los clientes.

Romero defiende que «es necesario contar con un plan de inspección que actúe en función de unos objetivos concretos para mejorar la calidad del servicio que se presta». A pesar de los 56 expedientes de sanción iniciados el año pasado, asegura que no tienen un «afán recaudatorio» sino que el objetivo está en la calidad del servicio que se presta al turista.

De las más de 89 denuncias que los inspectores verificaron a instancias de los consumidores el año pasado, más de la mitad, 51, se referían a hoteles y 14 a bares. En general, según la información aportada por la DGA, no se cometen «infracciones graves». De hecho, tras las comprobaciones solo se decidió iniciar trece expedientes sancionadores en el caso de los hoteles y cinco en el de los bares. De enero al 30 de junio de 2018 son ya 41 las denuncias presentadas.

Las comarcas son las encargadas de la inspección de establecimientos extrahoteleros y empresas de restauración, salvo en el caso de los apartamentos turísticos y en las viviendas de uso turístico. La DGA se encarga de la inspección del resto (hoteles, apartamentos, hostales y pensiones) y asume, además, la vigilancia de los restaurantes, cámpines, bares, albergues, refugios, casas rurales y cafeterías del área metropolitana de Zaragoza, donde aún no se ha constituido la comarca.

El balance de los planes de inspección resulta positivo y responde a la apuesta del Gobierno aragonés de captar más visitantes. «El turismo es fundamental para el desarrollo económico de Aragón y, si queremos que vuelva, que se nos recomiende o que la próxima vez los visitantes se queden más días, tenemos que contar con un sector que cumple la normativa y que ofrece la calidad que anuncia», concluye Romero.