¿A qué tienen derecho los inmigrantes cuando llegan a Aragón?

Los refugiados son los únicos que cuentan con ayudas específicas como centros de acogida para facilitar su integración.

La instrucción que devolvió la asistencia se dictó en el verano de 2015.
¿A qué tienen derecho los inmigrantes cuando llegan a Aragón?
Aránzazu Navarro

Las últimas semanas han estado marcadas por la llegada a España del buque Aquarius y del Open Arms. También se ha registrado un incremento de rescates de pateras. Durante el primer semestre del año, Salvamento Marítimo ha rescatado a más de 16.000 inmigrantes en aguas del Estrecho. Mientras tanto, hasta 144 personas han perdido la vida o han desaparecido cuando intentaban alcanzar la costa española. Sin embargo, según destaca Antonio Ranera, responsable del departamento de migraciones de UGT Aragón, estas cifras suponen menos de un 10% de la población extranjera que llega a España. “Una de las principales creencias es que la mayoría de los inmigrantes vienen en patera. Esto no es así, el mayor porcentaje lo hace a través de medios aéreos (en alusión a los que llegan desde diferentes puntos de la Unión Europea o Latinoamérica)”, recalca.

Ranera recuerda que hace 50 o 60 años, los españoles eran inmigrantes y refugiados en otros países. “España fue un país emigrante (especialmente hacia Europa y América Latina), luego se convirtió en un país receptor y ahora es tanto emigrante como inmigrante”, recuerda. Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman esta explicación: en 2017 un total de 11.777 extranjeros llegaron a Aragón; mientras que 10.758 residentes en la Comunidad se marcharon a otros países. “Uno de los problemas de la sociedad actual es que olvidamos con facilidad nuestra propia historia (en referencia a la emigración de españoles). También nos olvidamos de que todos tenemos unos derechos por el simple hecho de ser humanos”, recalca Juan David Gómez, profesor del departamento de Sociología y Psicología de la Universidad de Zaragoza.

Gómez explica que cuando alguien emigra no lo hace “por un efecto llamada”, si no por necesidad. “Toman esta decisión en busca de unas mejores condiciones laborales y sociales o porque corren algún tipo de riesgo o peligro en su país”, puntualiza. Sin embargo, el proceso hasta conseguirlo (si se logra) no es sencillo. Existen tres tipos de inmigración: extranjeros comunitarios, no comunitarios y refugiados. Los primeros (que suponen cerca del 45% de la población extranjera que hay en Aragón) pueden entrar libremente a España. “A los tres meses, deben demostrar que tienen ingresos propios, que cuentan con un contrato de trabajo o que están matriculados en algún tipo de actividad formativa. Una vez superado este trámite ya tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano”, explica Ranera.

Cuando el inmigrante no es comunitario se suelen dar dos situaciones: la llegada a las costas españolas (generalmente en patera) y a los aeropuertos (con visado de turista). “En el primer caso, cuando se tiene una manera de identificar su nacionalidad (a través de un pasaporte) suelen ser repatriados a su país de origen. En el caso contrario, que es la mayoría, se quedan en España”, detalla. Una vez llegado a esta punto, pueden pedir protección internacional (asilo) o emprender una nueva vida en el país de destino.

Aquellos provenientes de países no comunitarios y que llegan a España con visado de turista; una vez que se caduca, se quedan en una situación irregular (como los que han llegado por el Estrecho). “Para regularizar su situación hay dos trámites: arraigo laboral (con una oferta de trabajo en la que se demuestre que no hay ningún desempleado español que pudiera ocupar el puesto) o social (tienen que pasar tres años desde la llegada al país)”, subraya Navarro. Durante este tiempo, estas personas no pueden ser contratadas, por lo que tienen que trabajar“en negro”. Tampoco tienen derecho a ninguna ayuda estatal o autonómica, ni pueden generar su propio desempleo (a pesar de que trabajen).

“Solo tienen derecho a sanidad, educación y algunas ayudas de urgencia. No pueden pedir becas de comedor ni de material escolar para sus hijos, tampoco tienen derecho al Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), a ayudas de alquiler ni similares”, explica Ranera. Una vez superados esos tres años, se inician los trámites para regularizar su situación administrativa. Además de demostrar ese arraigo social, es necesario no tener antecedentes penales y contar con un contrato de, al menos, un año de duración y de 40 horas semanales. Algo casi imposible hoy en día, cuando el 88% de los contratos son temporales”, puntualiza Ranera. Otra posibilidad de llegada al país es a través de un visado de estudiante. Alrededor de 1.000 personas están en esta situación en Aragón.

Cuando se consigue el permiso de residencia, es necesario renovarlo de manera regular; por ello, con el tiempo, la mayoría de las personas optan por pedir la nacionalidad. En este caso, los nacidos en países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Ginea Ecuatorial o Portugal deben acreditar una estancia de dos años. En el caso de los refugiados este periodo asciende a cinco y se pide una década en territorio español para el resto de nacionalidades. Desde 2015, todos los mayores de edad deben pasar dos exámenes: uno de lengua española (salvo los que proceden de países donde el español es idioma oficial) y otro tipo test de conocimientos constitucionales y socioculturales.

Solicitantes de asilo

Cuando una persona llega a España en situación irregular puede solicitar protección internacional. En esos casos, se les da una tarjeta de residencia provisional (de 6 meses) y, si tras estudiar su situación se reconoce como refugiados, se le otorga una segunda, con la que ya puede trabajar. Todo esto se lleva a cabo desde el programa de Acogida e Integración.Este programa les ofrece protección, alojamiento, manutención, apoyo social, económico y jurídico durante un periodo máximo de 18 meses o hasta 24 en casos de especial vulnerabilidad. Tiene tres fases de seis meses cada una: la primera de integración (viven en centros de acogida), la segunda de integración (viven en pisos y pueden trabajar) y la tercera de autonomía (orientada a su autonomía e independencia futura). En la actualidad, un millar de personas están reconocidos como refugiados en Aragón.

A pesar de la creencia popular, es necesario destacar que cuando una persona llega en situación irregular no cuenta con más red de apoyo que los conocidos que tenga en la localidad. “En España el 99,9% de las ayudas sociales son normalizadas, es decir, se tiene en cuenta la situación económica del solicitante, no su nacionalidad ni cualquier otra cuestión. Tampoco hay ayudas dirigidas a inmigrantes ni se dan puntos extras por no tener nacionalidad española”, puntualiza Ranera. De hecho, solo tienen derecho a cuestiones básicas como la sanidad y la educación y pueden recibir ayudas de extrema necesidad, como las facilitadas por diversas ONGs o a través de la Casa de las Culturas. Los refugiados son los únicos que cuentan con ayudas específicas como centros de acogida.

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