Los investigadores del campus público de Zaragoza están en pie de guerra ante la nueva ley de contratos públicos que, denuncian, está retrasando y paralizando sus proyectos de investigación desde que entró en vigor el pasado marzo. El principal problema en estos momentos radica en que la normativa estatal fija a la Universidad de Zaragoza, como única unidad de gasto reconocida, un límite por proveedor de 15.000 euros anuales. Una cantidad que resulta insignificante si se tiene en cuenta que es para todos los grupos de investigación de la entidad académica. El malestar y la preocupación de este colectivo quedó patente ayer en una asamblea celebrada en el Edificio de Institutos de Investigación del campus Río Ebro, a la que asistieron unas 80 personas que llenaron el salón de actos.

Ante este y otros obstáculos administrativos y la sobrecarga burocrática que están "amordazando la investigación", los científicos aragoneses han lanzado un manifiesto en el que exigen al Gobierno de España que excluya "urgentemente" a estas actividades de la Ley estatal 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

Además, urgen al Gobierno autonómico, a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y al propio campus aragonés a demandar formalmente al nuevo Ejecutivo esta medida y a que hagan declaraciones públicas fijando sus posturas a este respecto. A la DGA le reclaman también que utilice "urgentemente" su capacidad legislativa y reguladora para minimizar el impacto de la ley.

Los impulsores de esta declaración son, entre otros, el director del departamento de Bioquímica, Alberto Anel; su homólogo del Instituto en Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI), Javier Sancho; Jesús Santamaría, del Instituto de Nanociencia de Aragón (INA) y el investigador de la Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (Araid) del BIFI, Adrián Velázquez. El escrito ha recabado unos 300 apoyos en las redes sociales y ayer lo suscribieron la práctica totalidad de los asistentes a la reunión.

Aunque es difícil concretar la cifra de investigadores o proyectos afectados, Anel recordó que en el campus trabajan unos 3.500 docentes e investigadores. En su última convocatoria, la DGA reconoció a 170 equipos investigadores de la Universidad. Los organizadores de esta movilización quieren alcanzar el millar de adhesiones de cara a septiembre y, según cómo evolucione este tema, no descartan adoptar medidas de presión más tajantes.

Favores de colegas extranjeros

Un pequeño respiro, aunque insuficiente, ?vendrá dado por la ampliación del límite de gasto a 50.000 euros por proveedor, que se espera entre en vigor el próximo septiembre. El director del departamento de Bioquímica dijo que hay laboratorios "completamente paralizados" y que algunos investigadores han tenido que pedir favores a colegas de otros países para que les envíen reactivos y poder continuar con sus trabajos.

Adrián Velázquez dejó claro que están a favor de que haya un control, como el que ya existía, de los fondos públicos que manejan, pero que debe adecuarse a las características de su labor, como que no pueden prever con mucha antelación lo que necesitan o requieren a un proveedor determinado por sus productos exclusivos. En la reunión de ayer no faltó debate. Un tema controvertido es conocer a ciencia cierta cómo otras universidades están solventando este problema y si es legal establecer como unidades de gasto a un departamento, un centro o incluso un proyecto concreto.