Como si de una enfermedad contagiosa se tratase, tanto por extendida como por su muy difícil cura, la sociedad española volvió ayer a sobresaltarse al conocer el despliegue de un nuevo dispositivo policial anticorrupción –operación Enredadera– en varios ayuntamientos españoles, entre los que se encuentran los de Huesca y Teruel. Según las investigaciones, el operativo estaría dirigido contra la empresa Gespol, filial de Sacyr, y habría detectado una supuesta red de contratos corruptos, así como una reiterada manipulación de los datos de tráfico y siniestralidad con el ánimo de justificar la colocación de radares donde no era estrictamente necesario. En Aragón esta pésima noticia ha tenido su doble epicentro en los ayuntamientos de Huesca y Teruel. En la capital oscense ha sido detenido el jefe de la Policía Municipal, Alberto Edroso, mientras que en Teruel se ha cursado orden en este mismo sentido contra el exintendente Santiago Hernández. La importancia y gravedad de la operación la conceden, entre otros diversos hechos, el perfil de estos dos detenidos que, supuestamente, estarían implicados en el amaño de los contratos. La corrupción obliga a una respuesta conjunta y rotunda de la sociedad. No existen puntos intermedios ni miradas comprensivas, por lo que aparte de las actuaciones policiales urge que en estos dos ayuntamientos se pongan en marcha las oportunas investigaciones internas.