Demandas de Aragón

La España autonómica ha sido escenario con frecuencia de pactos vergonzosos de los gobiernos de turno con fuerzas minoritarias que no tienen ningún sentido solidario del Estado. Del ‘bien común’, nada de nada. De ello son responsables los partidos mayoritarios, a los que les se les supone una visión de conjunto.

Por eso es bueno que cada Comunidad haga llegar sus prioridades territoriales. El presidente Lambán hizo pública la treintena de peticiones que hará llegar a Pedro Sánchez en la primera reunión que tengan. Peticiones que se refieren a la sanidad, a las comunicaciones, al futuro de las Cuencas Mineras, a las políticas contra la despoblación o al Archivo de la Corona de Aragón, entre otros temas.

En esta España nuestra suceden cosas singulares. El Congreso ha aprobado las enmiendas presentadas por el PAR, con el apoyo del PP, para incrementar la inversión estatal en las autovías y en el Canfranc, así como la limpieza del Ebro. Se logró con los votos de la mayor parte de las fuerzas políticas, con excepción del PSOE y de los nacionalistas. La posición de los diputados socialistas aragoneses es muy endeble. La realidad es que estas enmiendas van a beneficiar a temas de Aragón largamente demandados y el PAR ha actuado de forma inteligente. No vale decir que votan que no porque los otros son unos ‘filibusteros’. Sean del partido que sean, todos los diputados aragoneses deben pensar en la comunidad a la que representan, porque a lo mejor no se presenta otra ocasión de lograr esas inversiones. Además, están incluidas en las demandas del Gobierno aragonés, que es del PSOE.

Uno de los puntos fundamentales a vigilar es el de la financiación autonómica. Especialmente para Aragón, es clave conseguir un sistema justo que tenga en cuenta el coste real de los servicios que la Administración presta a los ciudadanos. Por eso los expertos en el tema, incluidos los propuestos por el PSOE, insisten en que, aunque la financiación autonómica no se aborde en serio hasta el 2020, mientras, el actual gobierno de Sánchez debe evitar todo acuerdo bilateral que beneficie a algunas comunidades autónomas, es decir, a las de siempre. Añaden los expertos que esos acuerdos son poco transparentes y difíciles de integrar en el sistema que se acuerde finalmente.