La Policía Nacional ha estado esta mañana registrando los ayuntamientos de Teruel y Huesca y lo ha hecho con una orden de detención contra el exintendente de la Policía Local turolense, Santiago Hernández, que en la actualidad se encuentra en situación de segunda actividad.

Según ha sabido Heraldo.es este no ha podido ser localizado por el momento por los agentes intervinientes. Estas actuaciones se han llevado a cabo en el marco de la operación anticorrupción Enredadera, consistente en la manipulación de datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde quizás no eran necesarios.

En Huesca ha sido detenido el intendente Alberto Edroso. Aunque la Policía no ha confirmado el nombre de la persona arrestada, Heraldo.es ha podido saber que se trata de Alberto Edroso, quien salía a las 13.00 del ayuntamiento, al finalizar el registro, en un coche camuflado de la Policía Nacional. Iba en el asiento trasero. Posteriormente, el vehículo se detenía en el cuartel de la Policía Local, y a las 14.45 el intendente oscense entraba en la comisaría de la Policía Nacional. Tras prestar declaración en presencia de su abogado, Edroso ha sido puesto en libertad a las 16.00 de esta misma tarde.

El intendente de la capital oscense ha colaborado en todo momento con los investigadores. Fuentes cercanas al caso han comentado que buscaban contratos desde 2010 y no solo de la empresa Aplicaciones Gespol, que ha motivado la operación en todo el territorio nacional sino también de otras sociedades del grupo Sacyr. En todo momento ha estado acompañado de un letrado. Ha solicitado la asistencia jurídica del Ayuntamiento, ya que los hechos tienen que ver con el ejercicio de su actividad.

Una mañana de registros

En Teruel, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han desalojado a la mayor parte de los funcionarios y trabajadores municipales del Consistorio. Los agentes han entrado en torno a las 09.30 y continuado el registro hasta pasadas las 13.00 con presencia de algunos altos funcionarios y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj. A continuación, el operativo se ha desplazado para continuar los registros en la sede de la Policía Local.

Estos registros se han efectuado en plenas fiestas del Ángel y ha sorprendido a los turolenses y visitantes que paseaban por la zona para disfrutar de las actividades programadas para este martes.

En Huesca

Por otro lado, en Huesca la Policía Judicial ha estado durante cuatro horas registrando contratos en el interior del Ayuntamiento y ha abandonado el edificio hacia las 13.00. Fuentes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huesca han indicado que los agentes, vestidos de paisano, han estado revisando documentación con el secretario sin dar explicaciones previas del motivo. “Tenemos que esperar”, han dicho.

Hacia las 9.00 han llegado dos agentes de la Policía Nacional vestidos de paisano en un coche camuflado, que han estacionado en el parquin subterráneo. El registro se ha circunscrito solo a unas dependencias. El resto de departamentos han podido trabajar con normalidad e incluso el público entraba y salía del edificio municipal ajeno al dispositivo.

Las comisiones y las ruedas de prensa se han celebrado sin alteraciones. “Hemos puesto a disposición toda la información requerida”, ha comentado la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Teresa Sas, antes de entrar a una reunión ordinaria ya prevista. Fuentes del equipo de gobierno han apuntado que, a diferencia de lo ocurrido en Teruel, en Huesca el trabajo policial se ha desarrollado con discreción y ha pasado casi desapercibido para concejales, empleados y el público que acudía al ayuntamiento

La Policía Nacional ha abandonado el consistorio oscense hacia las 13.00. Los agentes han salido en dos vehículos, en uno de los cuales iba sentado en la parte trasera el jefe de la Policía Local, Alberto Edroso. Ese vehículo ha salido del parquin subterráneo por donde normalmente entran los coches y ha abandonado la plaza del Ayuntamiento en dirección prohibida. Los dos coches policiales se han dirigido al cuartel de la Policía Local presumiblemente para continuar los registros.

Durante los registros, los agentes de la UDEF han estado acompañados del oficial mayor (el secretario está de vacaciones) y del jefe de la Policía Local. El equipo de gobierno ha convocado a última hora una junta de portavoces para informar de la situación.

Aunque aseguran que no tienen constancia de ningún contrato con la empresa Apliaciones Gespol, que es el centro de la investigación. Los agentes han estado revisando documentación de esta y anteriores legislaturas, en secretaría y Contratación, en relación con empresas del grupo al que pertenece la citada, Sacyr.

La Fiscalía Anticorrupción ha informado de que la operación lanzada este martes junto con agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) prevé la detención de "diversas autoridades y funcionarios" y registros y requerimientos de documentación por los contratos de diferentes aplicaciones de gestión policial en una cuarentena de municipios a lo largo de la geografía española.

Los hechos investigados, según una nota de prensa de la Fiscalía Anticorrupción, están relacionados con los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

Al frente de la investigación se encuentra la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, que ha ordenado la entrada y registros en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares del territorio nacional para desarrollar diligencias sobe la empresa Aplicaciones Gespol S.L., filial de Sacyr integrada a su vez en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales.

Esta empresa, según Anticorrupción, "habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local". Fuentes de la investigación han informado a primera hora de este martes que la investigación, en la que participan 580 agentes de la UDEF, se centra en los contratos presuntamente irregulares de aplicaciones para mejorar el tráfico con aplicaciones, por ejemplo, en semáforos y en otros elementos urbanos.

El Juzgado de Badalona ha autorizado la entrada y registros en los siguientes ayuntamientos: Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lérida, Majadahonda, Mollet de Vallés, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Plasencia, Torrelodones y Villaquilambre.

Este mismo Juzgado, según la nota de la Fiscalía, ha ordenado prácticas de requerimientos de documentación con presencia policial de otros organismos como la Diputación de Alicante y otros tantos municipios: Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Rubí, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandía, Logroño, O'Grove, Sant Vicent del Raspeig y Vitoria.

"Se prevé asimismo la práctica de detenciones que afectarán a diversas autoridades y funcionarios de los municipios referidos, así como su puesta a disposición judicial al objeto de decidir sobre su situación personal", ha señalado Anticorrupción. Fuentes de la investigación subrayan que los arrestos afectan a cargos de PP, PSOE y Ciudadanos.