La inversión estatal en carreteras se dispara a 303 millones de euros gracias a las enmiendas

Pese a los 54 millones que recibirán, las autovías del Pirineo llevan ya más de 12 años en ejecución.

La concesión de la AP-2 vence en el año 2021.
Autopista AP-2.
Asier Alcorta

Aragón tiene asignada una inversión histórica en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, más de 574,5 millones de euros que suponen el 5,6% del dinero que el Estado destinará a infraestructuras en todo el país. Pero esta cantidad no llega a compensar el déficit endémico que sufre la Comunidad, ya que las autovías del Pirineo, que recibirán este año 54 millones, llevan en ejecución más de doce años. Las enmiendas han permitido añadir al dinero destinado a la Comunidad 137,6 millones, de los que 86,5 irán a carreteras y, sumados a los 217 millones del proyecto inicial, dispararán la partida global hasta los 303 millones.

Lo importante ahora es conocer de primera mano el estado de cada obra para negociar con los contratistas la agilización de los trabajos. Así lo indicó el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de la DGA, José Luis Soro, que insistió en la importancia del desdoblamiento de la A-68, que se ha cobrado su última víctima mortal esta semana, y los diez millones extra para mejorar la bonificación de los peajes de la AP-2 al tráfico pesado.

La baja inversión en las carreteras centró las críticas de los partidos aragoneses cuando se presentó el proyecto de PGE. Las autovías de Huesca A-21, A-23 y A-22, la A-68 de El Burgo a Valdealgorfa y de Gallur a Figueruelas, la N-260, vital para el Valle de Benasque, la variante de Alcorisa y la A-40, de Teruel a Cuenca, tenían asignados 48,5 millones de euros, una cifra que se quedaba muy por debajo de la recogida en los plurianuales y que, por tanto, dilataba las obras. Con las enmiendas aprobadas en el Congreso se aumenta la asignación total a 135 millones, así que hay que centrarse ahora en garantizar su cumplimiento.

Aunque Soro da por hecho que el Ministerio de Fomento "respetará los presupuestos aprobados en las Cortes Generales", alerta de que muchas veces "no basta tener voluntad de invertir". De ahí que exija transparencia para conocer cada proyecto y si hay capacidad de licitación y de inversión para adelantar los plazos.

"Es una cuestión técnica", explicó el consejero, que recordó que apenas quedan seis meses de vigencia del presupuesto de manera que sería bueno "un esfuerzo a la hora de dar explicaciones sobre el punto de partida y las posibilidades de ejecutar el dinero asignado".

El retraso en las autovías de Huesca es considerable, tanto en la A-23 (Huesca-Jaca) y A-21 (Jaca-Pamplona), que están en obras desde hace doce años, como en la A-21 (Huesca-Siétamo), que recibirán ocho millones de euros, siete más de los que fijó de inicio el Gobierno . "Son autovías que está costando más ejecutarlas que las calzadas romanas", ironizó Soro. Y a la carencia de comunicaciones se suma la siniestralidad vial: "El déficit endémico que registramos desde hace décadas no solo ha lastrado el desarrollo económico y social, que también, sino que estamos hablando de vidas humanas". Es lo que sucede con la N-232, pendiente de desdoblamiento, que sumó el jueves su última víctima mortal. En esta "vía imprescindible", la DGA quiere que se analice con el contratista la posibilidad  de agilizar las obras con los cinco millones que tendrá el tramo El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro.

Junto a las peligrosas N-232 y N-II circulan autopistas que, a pesar de las bonificaciones, no logran captar el tráfico pesado. Una de las enmiendas que salió adelante con el apoyo del PP y C’s, la abstención de Podemos y Compromís (CHA) y el voto en contra del PSOE destina 10 millones a desviar el tráfico pesado por la AP-2 de Zaragoza a Fraga. Soro quiere retomar la negociación con Fomento, ahora que hay dinero, para que la bonificación a los camioneros se acerque al 100% y el Estado asuma el 50%, frente al 25% que aporta ahora.

El control de la ejecución del dinero destinado a Aragón en los PGE, que también el presidente de la DGA, Javier Lambán, se comprometió a realizar, será imprescindible para impedir que, como ocurrió en 2016, se ‘pierdan’ cien millones de los 435 millones que tenía asignados la región.

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