La exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona ha mostrado este miércoles su “profunda preocupación” por el incumplimiento de los objetivos de depuración tanto de Aragón como del resto de España y ha advertido de las “elevadas multas” de la Unión Europea que se deberán afrontar.

En su comparecencia ante la comisión de investigación de las Cortes, la responsable socialista ha eludido valorar la desviación de los fondos estatales previstos para financiar las depuradoras del Pirineo a obras de abastecimiento de Aragón. Narbona se ha excusado con el argumento de que a ella solo le tocó firmar el convenio de financiación con la DGA en 2008, ya que a los pocos meses dejó el Ministerio y no le correspondió su seguimiento. Eso sí, ha subrayado una y otra vez que las depuradoras del Pirineo se deberían haber construido “sí o sí” con los 169 millones aportados por las arcas estatales, dado que eran las obras que estaban declaradas de interés general, a diferencia del resto de las recogidas en el convenio.

En una larga intervención, ha defendido que las actuaciones complementarias a las del Pirineo no estaban “en absoluto en contradicción”, pero ha resaltado que sí cabe “exigir el cumplimiento” del convenio en lo que corresponde a las depuradoras del Alto Aragón.

La exministra tampoco se ha mojado a la hora de valorar si la polémica decisión de privatizar la construcción y explotación de las depuradoras de Aragón era una mejor o peor opción que la fórmula tradicional de adjudicación directa. Así, ha apuntado que los distintos modelos pueden tener efectos “positivos o negativos” y que, en el caso de las concesiones, dependen “mucho” de las exigencias y los requisitos que se impongan.

Sobre el caso específico de Aragón, ha recordado que la fórmula de la concesión no se limitaba a este territorio y, de hecho, también se recogió este mismo modelo en el otro convenio que llegó a firmar, el de Asturias. “No era una cosa inédita”, ha añadido.

Narbona también ha aludido a la necesidad de “reorientar” la política de agua para ser “más exigentes y evitar cualquier desviación de costes y consecuencias negativas para el ciudadano”. Sus explicaciones ante la comisión han sucedido a las del consejero de Medio Ambiente con el que que negoció el convenio de financiación, Alfredo Boné, quien ha negado que el plan de depuración estuviera sobredimensionado.