La agresión a una médica por parte de un paciente durante una visita rutinaria a domicilio ha reavivado la polémica sobre la protección a los profesionales sanitarios. Aragón ya cuenta desde hace unos meses con la figura del Interlocutor Policial Sanitario, que actúa como punto de contacto permanente con los representantes de los centros médicos y los colegios profesionales para intentar prevenir y frenar las agresiones sanitarias.

Esta figura, cuya puesta en marcha se recoge en una instrucción nacional de la Secretaría de Estado de Seguridad, ha ido consolidándose en las tres provincias durante esto último año. Entre sus objetivos,  se incluye el de elaborar un censo de centros médicos y su nivel de riesgo para establecer las medidas oportunas.

Este miércoles, precisamente, el Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza (COMZ) ha organizado una charla informativa sobre medidas de prevención y autoprotección, en la que se explicará esta nueva figura policial creada.  "Los profesionales tienen que denunciar o comunicar cualquier incidente", animó la presidenta del COMZ, Concha Ferrer, que lamentó la agresión a la facultativa de Zaragoza, la más grave que recuerda desde que se puso al frente del órgano colegial. Según relató la profesional a algunos de sus compañeros, este hombre, de unos 50 años, reaccionó de forma violenta, llegó a amenazarla con un cuchillo y le retuvo durante 45 minutos en su domicilio. El agresor fue detenido el domingo.

Según datos del Departamento de Sanidad, en Aragón se denunciaron el año pasado 175 agresiones a personal sanitario, 125 de ellas verbales. En ese sentido, Ferrer defendió la creación de un registro "fidedigno y único" con todo tipo de agresiones. "Muchas veces se quedan dentro de la dinámica del centro sanitario. Cualquier incidente debe recogerse y tener constancia", subrayó la profesional, que pidió también a Sanidad extender la consideración de autoridad sanitaria al ejercicio privado de la profesión.

Tanto el Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza como el Departamento de Sanidad se han interesado por el estado de la profesional agredida. El consejero Sebastián Celaya asistió a la concentración que este lunes a mediodía se convocó a las puertas del centro de salud Univérsitas de Zaragoza, al que pertenece la médica. "Lamentamos lo sucedido. Nos hemos puesto a su disposición para darle todo el apoyo que necesite", subrayó. De hecho, ya anunció que el Salud tiene previsto personarse como acusación particular en la causa judicial que se abra contra el agresor.

Los sindicatos sanitarios han solicitado la convocatoria urgente de la comisión sectorial de sanidad de prevención de riesgos laborales para recabar información sobre el suceso. Hay que recordar que uno de los objetivos del anteproyecto de ley del anteproyecto de Ley de Derechos y Deberes de los Usuarios del Sistema de Salud es atajar las amenazas, insultos o presiones al colectivo sanitario. Se consideran una infracción grave, con multas que van entre 3.001 y 30.000 euros.