Presuntos culpables

Ocho mil jóvenes aragoneses siguen pendientes de recuperar la tarjeta sanitaria que perdieron al cumplir 26 años y no cotizar porque continúan estudiando, no tienen trabajo o ya han ido al paro. A otros tantos les ocurrió lo mismo cuando decidieron saltar fronteras para seguir formándose y buscar un futuro aquí imposible Y sí, si han visto la noticia, han leído bien: un país que se llena la boca de solidaridad, es capaz de dejar a los suyos en la cuneta. Si quieren tener una cobertura sanitaria mínima, les exige lo que a nadie: acreditar que carecen de ingresos. En una versión antijurídica y antisocial del Estado de derecho, deben demostrar su inocencia, que perversamente coincide con su miseria. Deben acreditar, por ejemplo, que no es suficiente tener carreras e idiomas para encontrar un empleo. Sería mucho más sencillo demostrar la incompetencia máxima de los gobernantes que lo han permitido. Desde el PP y la beneficiada a título lucrativo Ana Mato, que promovieron el infame decreto, hasta todos los demás, que en seis años no han abierto la boca. La rectificación que anuncia el PSOE llega tarde y, dadas las premuras y la precariedad de este gobierno, suena a urgencia electoralista.