Lambán bate de nuevo el récord de deuda y cierra el primer trimestre con 8.230 millones

El Gobierno de Aragón ha vuelto a disparar su deuda hasta alcanzar otro récord histórico y lo peor es que aún no ha llegado a su punto de inflexión tras 18 años ininterrumpidos subiendo la carga financiera. Así lo constatan los datos oficiales del Banco de España, que revelan que las arcas autonómicas cerraron el primer trimestre del año debiendo a los bancos 8.230 millones de euros, a los que se añaden otros 57 correspondientes a sus empresas públicas, aunque no computen dentro del sector autonómico. Esto supone un incremento de 271 millones respecto al cierre del pasado ejercicio.

Pese a haber criticado hasta la saciedad a la expresidenta Rudi por duplicar la deuda en la pasada legislatura, en el peor periodo de la crisis y sufriendo un auténtico desplome de los ingresos, la coalición PSOE-CHA ha agravado la situación de las arcas autonómicas y la ha aumentado en 1.604 millones desde que llegó al Pignatelli en el verano de 2015.

Ni la subida fiscal pactada por el presidente Lambán con sus socios de investidura, Podemos e IU, ni el aumento de la financiación autonómica han permitido invertir la tendencia. De hecho, la deuda pública sigue disparada pese a que el actual Ejecutivo autonómico ha contado en tres años con unos ingresos adicionales de 1.279 millones. A ello también ha contribuido las buenas condiciones ofrecidas por el Estado a todas las autonomías a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Los 8.230 millones que adeuda la DGA representan el 22,6% del PIB aragonés, un porcentaje que tampoco se había alcanzado nunca y que supone un alza de medio punto sobre el cierre de 2017. Aunque el dato aún es inferior a la media autonómica –el endeudamiento del conjunto de las comunidades representa un 24,7% del PIB nacional­­–, el problema es que Aragón están acortando la distancia en lo que va de legislatura. Al cierre de 2015 era de casi cuatro puntos, la mitad que ahora.

Si se entra al detalle, la mayor parte de la deuda del Gobierno aragonés corresponde al Fondo de Liquidez Autonómica, 3.698 millones de euros, un mecanismo de financiación en mejores condiciones que ofrece el Estado y al que se acogió la DGA al final del mandato de la popular Luisa Fernanda Rudi. Otros 1.558 millones se captaron directamente a través de las entidades financieras y todavía hay que sumar los 2.158 restantes, fruto de emisiones de valores, según la información facilitada por el Banco de España.

El hecho de que la carga de intereses haya menguado no quita que la DGA tenga que afrontar una auténtica acumulación de pagos a las entidades financieras, como tanto critica Podemos y que el conjunto de la izquierda responsabiliza a la decisión de la expresidenta popular de demorar la decisión de acogerse al FLA. Solo este año habrá que devolver más de 1.200 millones, un importe equivalente al presupuesto de Sanidad.

Ninguna de estas cifras parece preocupar al consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, que siempre dice que lo importante es poder refinanciar la deuda en mejores condiciones y diseñar una senda de pagos sostenible.

Justificación de la DGA

Fuentes oficiales del Departamento han asegurado este miércoles que "el pico" del primer trimestre se ha debido al retraso en la firma del FLA de este año, que se demoró hasta el 26 de marzo y obligó a firmar pólizas a corto plazo. En este sentido, han apuntado que al cierre del mes de mayo se ha logrado reducir en 45 millones y que la previsión es acabar el año con 8.144 millones, por lo que se demorará al menos hasta 2019 cambiar la tendencia.

El portavoz del PP en la comisión de Hacienda, Antonio Suárez, no solo ha cuestionado que se haya batido el récord, sino el hecho de que no se estén aplicando medidas básicas para atajar el endeudamiento exigidas por el Gobierno central en el plan de ajuste de 2019. Entre ellas, ha citado la centralización del gasto, especialmente en Sanidad, dado que el gasto está desbocado "ante el desbarajuste de que cada centro hospitalario vaya por libre". También ha aludido a la eliminación de trámites y burocracia para facilitar la actividad económica y la flexibilización de los horarios comerciales.