Aragón ofrece ya atención sanitaria a más de 3.000 inmigrantes sin papeles

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hace unos días que devolverá la atención sanitaria a todos los inmigrantes sin papeles. Una cobertura que Aragón ofrecía ya desde agosto de 2015. Actualmente, de hecho, da asistencia a 3.100 extranjeros que están en una situación administrativa irregular o no tienen recursos económicos.

Una de las primeras medidas que tomó Mariano Rajoy fue la restricción de la cobertura a los extranjeros irregulares en el año 2012, con el objetivo de ahorrar más de 900 millones. A través de la aprobación de un Real Decreto, más de 12.000 personas de la Comunidad aragonesa, según algunos colectivos sociales, perdieron la tarjeta sanitaria.

De estos, algunos recuperaron la asistencia sanitaria a través de diferentes vías, como el Programa Aragonés de Protección Social de la Salud Pública. Lo puso en marcha el anterior Ejecutivo autonómico del Partido Popular tras las presiones de las entidades sociales, pero con muchas limitaciones. Por ejemplo, no sufragaba los gastos de los medicamentos.

Fue el actual Ejecutivo autonómico PSOE-CHA el que nada más llegar al Pignatelli, en julio de 2015, decidió devolver la asistencia a todos los inmigrantes sin tarjeta sanitaria. Dictó una instrucción por la que se dan todas las prestaciones de la cartera de servicios, "en igualdad de condiciones de acceso que el resto de asegurados", incluida la prestación farmacéutica. Aun así, se establecieron una serie de requisitos, como la de residir en Aragón un periodo mínimo de 3 meses o la de no disponer de recursos económicos superiores anuales a 15.975,3 euros.

La instrucción, no obstante, posibilita que se les dé un papel que les permite recibir atención sanitaria, pero no se les otorga una tarjeta sanitaria, porque la potestad de devolver el derecho a la sanidad universal solo la tiene el Gobierno central. Los consejeros esperan que la nueva ministra de Sanidad, Carmen Montón, aclare cómo y cuándo se aplicarán los cambios. Hoy está prevista una reunión en Madrid con entidades sociales que luchan para recuperar la universalidad de la atención sanitaria y el próximo día 28, hay sesión del Consejo Interterritorial, al que asisten todos los consejeros autonómicos.

Satisfacción de los colectivos

La Plataforma Salud Universal mostró ayer su satisfacción por el nuevo paso dado por el Gobierno central para "normalizar y universalizar" la atención. Recordaron que desde 2015 la instrucción del Servicio Aragonés de Salud facilita la asistencia, pero "en algunos lugares y situaciones hay confusión". "Hemos tenido que seguir negociando algunos casos particulares. En 2015 se dio una solución, pero esta fórmula supone un desgaste importante", explicó María Jesús Viñales, de la Plataforma Salud Universal.

Recordó, además, que con la instrucción autonómica "siempre queda la duda de que algunos inmigrantes se queden sin atención". "Puede que no todos accedan a organizaciones que les puedan ayudar ante cualquier problema. Queremos que se generalice la asistencia y se garantice que nadie se quede sin ella", aseguró.

Desde la Plataforma Salud Universal recriminaron que el Real Decreto de 2012 se aprobara con el objeto de ahorrar. "Se ha demostrado que eso no ha sido así", señaló Viñales. A una respuesta de una pregunta del PAR, el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, ya reconoció en 2016 que el gasto en medicamentos de las 7.761 personas extranjeras que fueron excluidas del sistema a raíz del Real Decreto de 2012 ascendía a 42.179 euros al mes, lo que supone una media de 5 euros por persona.

Celaya insistió entonces en que estas cantidades en todo caso resultarían "insignificantes" en relación a sus "resultados en salud tanto para las personas afectadas como para la comunidad". "Máxime teniendo en cuenta que se trata de un colectivo muy vulnerable, con escasos recursos, para el que resulta complicado abordar el coste completo de su gasto farmacéutico ambulatorio", manifestó por escrito el consejero de Sanidad.